Nuestro editorial para hoy martes 6 de diciembre analiza la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los integrantes del grupo ilegal Primera Línea, el cual se dedicó a cometer desmanes, atentandos contra la Fuerza Pública, la propiedad privada, el patrimonio público e incluso ciudadanos en los acontecimientos del año 2021 en distintas ciudades de Colombia.
Hasta el día de hoy, en el país no existe una figura de perdón presidencial como sí la hay en Estados Unidos. A través de la cual el presidente puede perdonar a una persona que tiene una condena para que obtenga su libertad.
La Primera Línea no solamente trató de asesinar policías, impidió que circularan libremente personas, alimentos, empresas, servicios, ambulancias, sino que también mató gente. Hay que recordar a personas que perdieron su vida por cuenta de los cables que colgaban de poste a poste para ahorcar ciclistas y motociclistas.
No se entiende por qué hay un afán de promover la impunidad, de ampliar la tolerancia con la delincuencia yendo en contra de la ley, de la separación de poderes, de las instituciones.
Desde este medio de comunicación esperamos que el fiscal Francisco Barbosa, quien para algunos casos habla de forma muy contundente y se muestra muy vehemente, defienda el accionar de su Fiscalía en ese momento y sobre todo para que prevalezca la ya cuestionada justicia colombiana, la poca ley que nos queda porque con este precedente que se busca sentar en el país lo que se está diciendo es muy claro: salgan, quemen, rompan todo, maten gente; esta es la anarquía total que el Gobierno nos va a perdonar, porque merecen pasar la navidad con su familia.
¿Qué clase de ejemplo se le está dando a los niños y jóvenes de hoy en día?, ¿qué puede pensar un policía que fue vilmente atacado, torturado, como se evidenció en esas protestas por parte del grupo Primera Línea? No fueron el fiscal Barbosa ni en su momento el presidente Iván Duque quienes condenaron a los integrantes de esa grupo ilegal, fueron jueces de la República totalmente independientes que con acervos probatorios sólidos y contundentes comprendieron la clase de vejámenes que se cometieron; pero claro, existen favores políticos que se tienen que pagar, existen acuerdos que se tienen que honrar así vayan en contra de la misma Constitución que juraron prometer.
Esto es desconcertante, es desalentador, no esperaría uno que en un país y mucho menos un gobierno del cambio promueva esta clase de impunidad, y mucho menos que se abran las puertas para que el terrorismo avance de manera campante.
