La petrolera estatal más importante del país, Ecopetrol, se encuentra en el ojo de un huracán político y administrativo. El presidente Gustavo Petro anunció que contratos por un valor cercano a los $20 billones no serán prorrogados bajo las condiciones actuales. La instrucción, emitida durante un consejo de ministros realizado la noche del 13 de abril en Ipiales (Nariño), marca un giro drástico en la política de contratación de la compañía y profundiza la incertidumbre sobre su estabilidad institucional.
Panorama general: El jefe de Estado fue enfático al señalar que los contratos que están por expirar deberán someterse a procesos competitivos y abiertos. Según Petro, esta medida busca desarticular un esquema de irregularidades que, a su juicio, ha imperado en la empresa durante casi una década.
«Son ocho años de robarse la plata de Ecopetrol. La junta directiva, en vez de dejarse engañar, debe vigilar que esta indicación se cumpla», sentenció el mandatario.
Aunque no precisó el objeto social ni el número exacto de los contratos afectados, Petro sugirió que estos beneficios han estado concentrados en sectores políticos específicos. Además, lanzó una acusación de alto calibre: afirmó que altos ejecutivos de la estatal habrían recibido transferencias en sus cuentas personales por montos que exceden sus ingresos legales, presuntamente provenientes de estos mismos contratos. El presidente aseguró que ya entregó los nombres de los implicados a la Fiscalía General de la Nación, a la cual cuestionó por la falta de celeridad en las investigaciones.
¿Qué pasará con Ecopetrol? Las claves del anuncio de Petro desde Ipiales en 2026
El anuncio ha generado una ola de críticas en los sectores económicos y expertos en hidrocarburos. El principal punto de fricción es el gobierno corporativo de Ecopetrol; una estructura diseñada para blindar a la empresa de interferencias políticas directas y asegurar que las decisiones estratégicas se tomen en el seno de su Junta Directiva basándose en criterios técnicos y de mercado.
La orden directa del presidente de no prorrogar contratos y su apelación a la Junta para que «cumpla sus indicaciones» ha sido interpretada por analistas como una posible vulneración de esa autonomía, esencial para la confianza de los inversionistas en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York.
Por qué es importante: La arremetida de Petro no se limitó a la administración interna. El mandatario también apuntó sus dardos contra sectores de la Unión Sindical Obrera (USO) y de Fecode. Según su tesis, algunos líderes sindicales estarían vinculados a empresas tercerizadoras y actuarían movidos por intereses económicos privados.
Para el presidente, las recientes amenazas de paro y movilizaciones no buscarían la defensa de los trabajadores, sino la protección de intermediarios que se benefician del esquema de contratación actual. «Están defendiendo a los que se quedan con la tajada», sugirió el mandatario.
