La temporada de lluvias que golpeó al Urabá antioqueño en las últimas semanas dejó un panorama complejo en 13 municipios que declararon calamidad pública. Ante la magnitud de las afectaciones, la Gobernación de Antioquia estructuró un plan de intervención que supera los 70.000 millones de pesos y que busca estabilizar la región en frentes clave como infraestructura, productividad, servicios públicos y atención social.
El gobernador Andrés Julián Rendón se reunió en Necoclí con los alcaldes y equipos técnicos de los municipios afectados para revisar la respuesta inicial y coordinar las acciones de recuperación. El encuentro permitió consolidar un plan específico que atienda las necesidades más urgentes tras las inundaciones y deslizamientos reportados en la subregión.
Según el balance oficial, más de 13.000 familias resultaron damnificadas por la emergencia. En la fase inmediata de atención, el Departamento, con apoyo de la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y otras entidades, entregó 17.331 ayudas humanitarias a los consejos municipales de gestión del riesgo. Los apoyos incluyeron kits de alimentos, aseo, aseo infantil y colchonetas, destinados en su mayoría a diez municipios del Urabá.
Superada la etapa inicial de asistencia, el énfasis ahora está en la estabilización. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario departamental, los recursos apropiados permitirán intervenir no solo la infraestructura vial afectada, sino también sedes educativas, redes de servicios públicos y proyectos productivos que quedaron paralizados por la emergencia.
Uno de los componentes más robustos del plan es el vial. La Secretaría de Infraestructura tiene previsto actuar sobre 13 vías secundarias y terciarias que están bajo responsabilidad del Departamento y que, en conjunto, suman 243 kilómetros. La inversión estimada para estas obras ronda los 27.000 millones de pesos y busca restablecer la conectividad entre comunidades rurales que quedaron aisladas por el deterioro de carreteras y puentes.
En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico diseñó una estrategia cercana a los 11.000 millones de pesos enfocada en la reactivación productiva. El plan contempla la entrega de mil kits para productores de plátano, 2.000 kits de seguridad alimentaria, 250 apoyos para proyectos de acuicultura y respaldo a 350 emprendedores y comerciantes de playas y zonas turísticas. Los paquetes incluirán insumos, herramientas y semillas, con el objetivo de que los beneficiarios retomen sus actividades en el menor tiempo posible.

El impacto de las lluvias no solo se reflejó en la infraestructura y la producción agrícola. La erosión costera, especialmente en municipios del litoral, también figura entre las prioridades de intervención. La administración departamental incluyó recursos para acciones de estabilización en puntos críticos, así como para el bienestar animal y la adquisición de kits veterinarios destinados a atender afectaciones en especies domésticas y de producción.
En el frente social, el plan contempla intervenciones en sedes educativas que resultaron afectadas por inundaciones y filtraciones. La meta es garantizar que los estudiantes puedan regresar a clases en condiciones adecuadas y seguras. Asimismo, se prevé la restauración de servicios públicos en sectores donde las lluvias provocaron daños en acueductos, alcantarillados y redes eléctricas.
Durante la reunión en Necoclí, los alcaldes expusieron las principales necesidades de sus territorios y ajustaron, junto con el Departamento, las prioridades de inversión. La articulación entre niveles de gobierno será clave para ejecutar los recursos con rapidez, en un contexto en el que la temporada invernal podría extenderse.
La declaratoria de calamidad pública permite agilizar trámites contractuales y movilizar recursos extraordinarios, pero también implica un reto de seguimiento y transparencia en la ejecución. La Gobernación aseguró que las intervenciones serán monitoreadas de manera permanente para garantizar que las obras y apoyos lleguen efectivamente a las comunidades afectadas.
El desafío para Urabá no es menor. Además de la reconstrucción física, la región deberá recuperar su dinámica económica y social en medio de un entorno climático cada vez más impredecible. Con este paquete de recursos, la administración departamental busca sentar las bases de una recuperación que no solo atienda la emergencia inmediata, sino que fortalezca la resiliencia del territorio frente a futuras contingencias.
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