La intención del Gobierno Nacional de limitar las inversiones que los fondos de pensiones colombianos realizan en el exterior abrió un nuevo frente de debate económico y financiero.
A través de un proyecto de decreto, el Ejecutivo busca que una porción significativa de estos recursos sea canalizada hacia inversiones dentro del país, una decisión que ha generado inquietud entre las administradoras y los analistas por sus posibles efectos sobre el ahorro de millones de trabajadores.
El Gobierno prepara un decreto para cambiar el destino de los recursos de los fondos de pensiones
Desde Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras privadas de pensiones, advirtieron que si bien es legítimo el objetivo de impulsar la economía nacional, cualquier restricción a la inversión internacional podría afectar la rentabilidad y el nivel de protección que hoy tienen los recursos de los afiliados. La organización recordó que los ahorros pensionales pertenecen a más de 19 millones de trabajadores y que su buen desempeño ha sido posible gracias a una estrategia de diversificación global, que reduce riesgos y mejora los retornos en el largo plazo.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, subrayó que los portafolios actuales han sido construidos bajo estándares internacionales y con el objetivo central de hacer crecer el capital de los afiliados. En su concepto, precisamente esa diversificación es la que ha permitido enfrentar periodos de alta volatilidad sin poner en riesgo el valor del ahorro. Además, recalcó que los verdaderos dueños de esos recursos son los trabajadores, no las administradoras ni el Estado.
Desde el Gobierno, sin embargo, se ha insistido en que la iniciativa no busca apropiarse de los fondos ni poner en riesgo su manejo, sino revisar la manera en que se están utilizando. El viceministro de Pensiones, Iván Jaramillo Higuera, explicó que el propósito es evitar una mayor salida de capitales y explorar cómo una mayor inversión en Colombia podría contribuir al desarrollo económico. También aclaró que cualquier decreto deberá cumplir todo el proceso normativo, que incluye estudios técnicos, una memoria justificativa y un periodo de comentarios públicos en el que podrán participar tanto la industria como la ciudadanía.
La discusión no solo ha quedado en el plano gremial. La Procuraduría General de la Nación anunció la convocatoria de una mesa técnica para el próximo 20 de enero, en la que se evaluarán los alcances del proyecto de decreto. El objetivo de este espacio será analizar los riesgos de mercado que podría implicar una eventual desinversión en activos internacionales, así como los impactos sobre los rendimientos de los portafolios y la estabilidad del sistema.
Expertos del sector financiero han advertido que una reducción forzada de la inversión en el exterior podría aumentar la exposición de los fondos a la economía local, lo que implica mayores riesgos en un entorno de alta volatilidad y dependencia de variables internas. En contraste, quienes apoyan la medida señalan que dirigir una mayor parte de estos recursos hacia proyectos productivos en Colombia podría dinamizar el crecimiento y generar empleo.
Mientras el decreto avanza en su trámite, el debate continúa abierto. En juego no solo está el uso de una enorme masa de recursos, sino la confianza de millones de afiliados en el sistema pensional y en la capacidad del país para garantizar que sus ahorros se gestionen de manera eficiente, segura y orientada a su futuro.
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