El Gobierno volvió a mover el tablero en su relación con el sistema financiero. Este 23 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, citó a los presidentes de las principales entidades bancarias para comunicarles oficialmente el contenido de un decreto que establecerá inversiones obligatorias para el sector.
La reunión, prevista con la cúpula del sistema financiero, busca notificar los alcances de una medida que ha generado inquietud tanto en la banca como entre economistas y exministros. El decreto contemplaría que las entidades destinen una porción de sus recursos a líneas específicas de crédito, en una figura que el Ejecutivo considera clave para impulsar la financiación productiva.
Reunión entre Gobierno y la banca por decreto de inversiones obligatorias abre nuevo debate económico
El anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes. Desde hace semanas, el ministro había advertido que el Gobierno analizaba herramientas extraordinarias para asegurar recursos con destino a sectores estratégicos, especialmente en medio de las presiones derivadas de la ola invernal y de la necesidad de fortalecer el crédito empresarial. La posibilidad de recurrir a inversiones forzosas ya había sido mencionada como una alternativa dentro de ese paquete.
De acuerdo con lo explicado por Ávila en intervenciones públicas previas, los recursos podrían canalizarse a través de entidades como Bancóldex y Findeter, así como mediante la creación de líneas con tasas compensadas. Este esquema implica que el Estado asume una parte del interés, lo que permite ofrecer créditos más baratos a los beneficiarios finales, particularmente pequeñas y medianas empresas.
El debate tomó mayor fuerza tras el incremento del salario mínimo, que el Gobierno considera un factor que podría elevar los costos operativos de las pymes. En ese escenario, la ampliación del crédito de fomento aparece como una herramienta para aliviar presiones y sostener la actividad productiva.
Sin embargo, desde el sector financiero han surgido advertencias. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras ha señalado que imponer cupos obligatorios puede distorsionar la asignación de recursos y afectar el funcionamiento del mercado de crédito. En un comunicado reciente, el gremio indicó que una medida de este tipo podría traducirse en un aumento de las tasas promedio de colocación y tener efectos sobre el crecimiento económico.
El encuentro de este lunes marcará un punto clave en el pulso entre el Ejecutivo y la banca. Más allá del contenido final del decreto, la discusión abre un nuevo capítulo sobre el papel del sistema financiero en la estrategia de reactivación y sobre los límites de la intervención estatal en el mercado del crédito.
