Gobierno presentará decreto que establece nuevas prohibiciones de actividades mineras en Colombia

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Procuraduría entregó observaciones frente al decreto emitido por el Gobierno Nacional que pretende establecer nuevas prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.

Por: Redacción 360 Radio

La Procuraduría General presentó sus observaciones al proyecto borrador presentado por el Gobierno Nacional, el cual pretende reglamentar la declaratoria y delimitación de las reservas naturales temporales, decreto establece nuevas prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras. 

Para la delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, causa extrañeza que en las Memorias Justificativas del Proyecto de Decreto se señale que no se genera ningún impacto económico,  que por el contrario, se evidencia que su aplicación podría generar en la práctica una situación de veto y/o parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera.

La Procuraduría precisan que, este decreto no contempla que la finalidad de la declaratoria de reservas naturales de carácter temporal, la cual tendría como fin preservar los recursos naturales mientras se logra contar con la certeza suficiente acerca de la delimitación y zonificación de las áreas protegidas, las cuales no pueden ser compatibles con otro tipo de actividades, como lo es la minería.

De esta manera, la Procuraduría refiere que en el marco de una medida que debe ser netamente provisional, el Proyecto de Decreto otorga la competencia a la autoridad ambiental para tomar decisiones definitivas en materia de la continuidad de las actividades de explotación minera, mediante la determinación de medidas encaminadas al cierre definitivo de las operaciones mineras.

Las observaciones también incluyen la necesidad de analizar desde diferentes sectores, las consecuencias sociales, económicas, jurídicas que se podrían derivar de la eventual expedición del Proyecto de Decreto nacional, expresando además que el Gobierno Nacional no tiene la competencia absoluta frente a la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación. 

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Por lo que cualquier toma de este tipo de  decisiones deben contar con la debida participación de la ciudadanía, principio ratificado por Colombia en el Acuerdo de Escazú y no solo por parte del Gobierno Nacional.

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