El Gobierno Nacional alista el nombramiento de Larry Álvarez Morales como nuevo superintendente de vigilancia y seguridad privada, un cargo clave en la regulación de un sector marcado recientemente por denuncias de corrupción y falta de control. Álvarez reemplazará a Yenniffer Edilma Parra Moscoso, quien estuvo al frente de la entidad durante ocho meses.
La hoja de vida del abogado fue publicada en el portal de Aspirantes a Altos Cargos del Estado, lo que confirma su designación inminente. Con más de 15 años de experiencia en el sector público, su llegada a la SuperVigilancia representa un relevo con miras a reforzar la supervisión y sanción de empresas y personas dedicadas a la seguridad privada en Colombia.
Larry Álvarez: Perfil académico y experiencia en entidades públicas
Álvarez es egresado de la Universidad Popular del Cesar, con una especialización en derecho procesal y una maestría en Estudios Políticos e Internacionales otorgada por la Universidad del Rosario. Su formación jurídica y su comprensión del entorno político le permiten abordar con solidez los desafíos que enfrenta esta superintendencia.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos técnicos y de asesoría en instituciones del orden nacional y distrital. Fue funcionario del Invima durante casi seis años, donde participó en procesos de vigilancia sanitaria. Posteriormente, trabajó en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), donde se desempeñó como asesor y luego como Subdirector Técnico de Parques, liderando temas administrativos y operativos.
Por qué es importante: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se encarga de regular, inspeccionar y sancionar a todas las compañías y personas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada en el país. Esta labor es particularmente sensible, dado que el sector maneja recursos importantes y está directamente vinculado a la protección de personas, bienes e instalaciones estratégicas.
Durante los últimos meses, han surgido denuncias sobre presuntos actos de corrupción dentro de algunas empresas vigiladas, así como preocupaciones sobre la falta de controles efectivos. Álvarez deberá tomar decisiones de fondo para fortalecer la supervisión, agilizar procesos sancionatorios y garantizar estándares de calidad en el sector.
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