El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, que establece un mecanismo de precios diferencial para el diésel (ACPM) en Colombia, con el objetivo de eliminar subsidios considerados ineficientes y priorizar el gasto social e infraestructura.
La medida aplicará de manera gradual, iniciando en las principales ciudades, y afectará exclusivamente a vehículos particulares, oficiales y diplomáticos, que comenzarán a pagar un precio más cercano al valor internacional del combustible.
Gobierno elimina subsidio al diésel para vehículos particulares y oficiales.
El Ministerio de Energía confirmó que la implementación del ajuste tendrá un horizonte máximo de seis meses y que el precio final se equiparará al valor internacional del ACPM. Aunque los incrementos aún no se reflejan en las estaciones de servicio, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) advirtió que, cuando se active, el aumento podría superar los $3.000 por galón.
El decreto excluye explícitamente al transporte público y de carga, incluyendo buses, camiones y vehículos de transporte de pasajeros o mercancías. Según el Gobierno, esta decisión busca evitar que la medida impacte en los precios de alimentos, transporte y otros bienes de consumo, contribuyendo a contener presiones inflacionarias derivadas del alza de los combustibles.
La implementación del esquema será gradual y comenzará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde existen mayores capacidades tecnológicas y operativas para diferenciar el consumo por tipo de vehículo. El presidente de Comce, David Jiménez, advirtió que la aplicación parcial podría generar distorsiones regionales y desplazamientos de consumidores hacia municipios donde el combustible sea más barato, afectando la uniformidad del mercado.
Jiménez también explicó que las estaciones de servicio no determinan el precio final del combustible, sino que venden un producto terminado bajo un margen regulado por el Gobierno. Este margen no incluye costos clave como el inventario, que se encarece cuando sube el precio internacional del diésel, afectando la rentabilidad de los establecimientos. Además, cerca del 60% del costo operativo corresponde a mano de obra, por lo que el reciente aumento del salario mínimo del 23,7% incrementa en aproximadamente $100 por galón los costos de operación, según el gremio.
La eliminación del subsidio busca redirigir recursos hacia áreas estratégicas del gasto público, reduciendo lo que el Gobierno considera una asignación ineficiente para usuarios con mayor capacidad económica, como los propietarios de vehículos particulares. Con esta medida, se espera que los conductores de automóviles y vehículos oficiales asuman un costo más real del combustible, mientras que el transporte público y la carga quedan protegidos del impacto inmediato.
Aunque el ajuste será gradual, el anuncio genera preocupación en los sectores afectados y abre un debate sobre la sostenibilidad de las estaciones de servicio frente a mayores costos operativos. Expertos consideran que la medida refleja la necesidad del Gobierno de equilibrar finanzas públicas sin trasladar presiones inflacionarias a la población más vulnerable.
Con este esquema, Colombia busca ajustar los precios del diésel a los niveles internacionales, reducir ineficiencias fiscales y priorizar inversiones en infraestructura y programas sociales, mientras protege el transporte y la cadena de suministro de los hogares y la economía.
