Gobierno firmó y publicó decreto de emergencia económica en ocho departamentos de Colombia

La medida regirá por 30 días y busca recaudar cerca de $8 billones para atender la crisis climática provocada por un fenómeno hidrometeorológico atípico.

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El Gobierno Nacional firmó y publicó el decreto que declara la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos de Colombia, tras las graves afectaciones generadas por la actual ola invernal. La decisión se conoció luego de varios consejos de ministros realizados en Montería y otras zonas del Caribe que han sufrido inundaciones y daños en infraestructura.

La emergencia económica cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios que han reportado múltiples emergencias derivadas de un fenómeno hidrometeorológico asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío.

2ª edición de la Convención de Exploración Energética

Según el Ejecutivo, en apenas nueve días se registraron 65 eventos críticos en 61 municipios del país.

¿Por qué el Gobierno decretó la emergencia económica?

De acuerdo con el documento oficial, la emergencia económica se fundamenta en el impacto que han tenido las lluvias sobre comunidades vulnerables y sectores productivos. El balance preliminar da cuenta de 53 inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales y procesos de erosión fluvial y costera.

Decreto de emergencia económica en Colombia

Las cfiras del Gobierno revelan que hay 69.235 familias afectadas, 252.233 personas damnificadas, diez fallecidos y tres heridos. A esto se suman daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas.

También resultaron impactadas 111 vías, 39 puentes vehiculares, 19 puentes peatonales, 38 acueductos y 91 centros educativos, entre otros bienes públicos.

En el sector agropecuario, el reporte oficial habla de 5.230 animales de producción afectados, además de animales de compañía y fauna silvestre.

La emergencia económica tendrá una vigencia inicial de 30 días. Durante ese periodo, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar la crisis y movilizar recursos extraordinarios.

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La meta es recaudar aproximadamente $8 billones destinados a atender la emergencia climática, reconstrucción de infraestructura y apoyo a las comunidades damnificadas.

Entre las medidas que estudia el Ministerio de Hacienda está la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, que podría impactar a cerca de 15.000 empresas en el país. Esta propuesta ha generado debate en distintos sectores económicos, especialmente por el contexto fiscal que atraviesa Colombia.

Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro completa su tercera emergencia económica y la cuarta vez que recurre a un estado excepcional desde que asumió el mandato. El Ejecutivo había contemplado inicialmente esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre una declaratoria anterior, pero finalmente optó por emitir un nuevo decreto ante la magnitud de la situación.

En el documento también se advierte sobre el estado de embalses estratégicos como Urrá, Hidroituango e Hidrosogamoso, lo que evidencia que la emergencia económica no solo responde a daños inmediatos, sino a riesgos estructurales en materia energética y ambiental.

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