Tras el revés judicial que decretó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una de las apuestas insignia del gobierno pasado, la administración del presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha una compleja hoja de ruta para reordenar el aparato estatal. Mediante una directiva emitida este miércoles 9 de septiembre, el Ejecutivo dispuso que las funciones, recursos y programas que hasta ahora manejaba la cartera sean absorbidos por distintos despachos de la Rama Ejecutiva, con un protagonismo especial para los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Panorama general: La decisión responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada y mitigar el impacto institucional de la medida adoptada por la Corte Constitucional. Para coordinar este gigantesco movimiento de competencias, la Presidencia designó al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que deberá articular con el resto del gabinete un plan de acción urgente que asegure la continuidad de las inversiones y proyectos en curso.
De acuerdo con los lineamientos de la directiva, el traslado de responsabilidades no recaerá sobre una sola dependencia, sino que se fragmentará de manera estratégica. Cada cartera o entidad del nivel nacional asumirá los programas de acuerdo con sus competencias misionales y su capacidad operativa, buscando que la ejecución presupuestal y técnica no sufra traumatismos.
Abelardo de la Espriella reordena el Estado tras fallo judicial sobre el Ministerio de la Igualdad
El documento oficial enfatiza que todas las entidades involucradas deberán brindar un respaldo irrestricto tanto al liquidador del ministerio en proceso de cierre como a Función Pública. “Las entidades de la rama Ejecutiva del nivel nacional brindarán el apoyo y acompañamiento que se llegue a requerir por parte del liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad […] y del Departamento Administrativo de la Función Pública”, señala el texto en uno de sus apartes. Esta disposición busca blindar aquellos asuntos complejos que superen la capacidad de respuesta individual de los nuevos receptores.
Este movimiento de fichas se produce semanas después de que el Gobierno comenzara a desmantelar la estructura interna de la cartera liquidada, suprimiendo viceministerios y cargos considerados superfluos o innecesarios para encarar la fase final del proceso de liquidación.
Por qué es importante: El gran desafío para la administración de De la Espriella será evitar que la desaparición del ministerio se traduzca en un limbo burocrático o en la parálisis de la inversión social. Aunque en esta primera etapa la directiva no detalla el monto exacto de los recursos ni el inventario pormenorizado de cada programa que migrará de sede, sí exige que la transferencia se ejecute bajo estrictos criterios de oportunidad y eficiencia.
La orden presidencial deja en evidencia que el engranaje estatal se mueve a contrarreloj para absorber las responsabilidades heredadas. Con el protagonismo asignado a Interior, Hacienda, Justicia y Prosperidad Social, el Ejecutivo intenta pasar la página de uno de los debates institucionales más álgidos de los últimos años, asegurando que el cierre de la cartera no signifique el abandono de los compromisos adquiridos en las regiones.