En un movimiento que busca consolidar el modelo de autonomía territorial AIC, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una cifra histórica para la salud en el suroccidente del país. Se trata de una partida presupuestal que alcanzaría los $300.000 millones de pesos, destinados exclusivamente a la Asociación Indígena del Cauca AIC, la entidad que administra la salud de miles de comuneros en una de las zonas más convulsas de Colombia.Este desembolso, que se enmarca en los acuerdos recientes entre el Ejecutivo y las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), no es solo un trámite administrativo; es la columna vertebral de la transición hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
La noticia llega en un momento crítico para el sector salud. Mientras las EPS tradicionales enfrentan intervenciones y crisis financieras, la apuesta del presidente Gustavo Petro parece volcarse hacia las estructuras comunitarias. Según fuentes cercanas al Ministerio de Salud, estos recursos tienen como objetivo principal el saneamiento de deudas y la modernización de la infraestructura hospitalaria en los resguardos.La AIC EPSI, que ha estado bajo la lupa de la Superintendencia de Salud en años anteriores debido a desafíos operativos, recibiría este impulso para garantizar que la atención médica llegue a los puntos más remotos de la geografía caucana, donde la medicina occidental y la tradicional convergen.
millonaria inyección a la AIC para el futuro de la salud en Colombia
Para las organizaciones del Cauca, este flujo de capital representa una victoria política. Históricamente, las comunidades han reclamado el manejo directo de los recursos públicos bajo el amparo de la autonomía reconocida en la Constitución de 1991. Con estos fondos, el Gobierno busca cumplir con el Plan de Acción que se ha venido tejiendo en las mesas de concertación. Cómo era de esperarse, el anuncio no está exento de polémica. Sectores de la oposición han cuestionado la capacidad de ejecución de estas entidades étnicas, señalando que una inyección de tal magnitud requiere de una vigilancia rigurosa por parte de los organismos de control.Sin embargo, desde la Casa de Nariño defienden la medida como un acto de justicia social. El argumento oficial es que fortalecer a la AIC es el primer paso para demostrar que un modelo de salud descentralizado y basado en la prevención comunitaria puede ser eficiente y menos costoso que el sistema de intermediación actual.
La ejecución de estos $300.000 millones estará sujeta a la firma de convenios interadministrativos específicos. En las próximas semanas, se espera que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Tierras terminen de ajustar los cronogramas de desembolso, mientras la Minga permanece atenta al cumplimiento de lo pactado.Este millonario respaldo financiero coloca a la AIC en el centro del debate nacional sobre la salud, convirtiéndola en el «laboratorio» donde se probará si la gestión indígena puede ser la alternativa que el sistema colombiano necesita para salir de su actual encrucijada.
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