En una operación que marca el fin definitivo de la propiedad estatal en el sector de la telefonía móvil e internet, el Gobierno Nacional oficializó este viernes la venta de su participación remanente en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar). La transacción, ejecutada a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), representa el paso final para la consolidación de un nuevo gigante en el sector bajo el control exclusivo de la multinacional Millicom, matriz de Tigo.
Según el boletín informativo No. 082 emitido por la bvc, el proceso de adjudicación de la segunda etapa del programa de enajenación concluyó con la venta de más de 1.108 millones de acciones ordinarias. El precio por título se fijó en $772,38, lo que arroja un monto total de 856.002 millones de pesos que ingresarán a las arcas del Tesoro Nacional. El cumplimiento de esta operación financiera está programado para el próximo lunes 27 de abril de 2026.
Panorama general: La venta del 32,5% de las acciones que aún conservaba la Nación, el último vestigio de lo que alguna vez fue la estatal Telecom, se realizó en dos fases diferenciadas. Mientras que la primera etapa, destinada a trabajadores, pensionados y organizaciones solidarias en marzo, apenas logró colocar una cifra simbólica de 3.000 acciones, esta segunda etapa abierta al público general confirmó lo que el mercado anticipaba: Millicom fue el único oferente.
Con esta movida, el Gobierno de Gustavo Petro da cumplimiento al Decreto 1491 de 2025, bajo el argumento de una reorganización de la participación estatal en activos estratégicos. Los recursos obtenidos, según el Ministerio de Hacienda, serán destinados a inversión social y otras prioridades fiscales, aunque la operación se ha concretado en medio de un clima de fuerte escrutinio político.
Jennifer Pedraza solicita a la Contraloría hacer seguimiento a la venta del 32% de acciones de Movistar
La Contraloría General de la República emitió una alerta temprana tras conocerse los resultados de la subasta. El organismo de control señaló que, al haberse presentado un único interesado en el proceso, se realizará un seguimiento riguroso al destino de los fondos para garantizar que se utilicen bajo principios de transparencia y beneficio público.
En el ámbito legislativo, la reacción fue inmediata y crítica. La representante Jennifer Pedraza calificó la operación como la consolidación de una privatización que, a su juicio, afecta la soberanía del país en telecomunicaciones. Pedraza denunció que el patrimonio público se transó por una cifra que consideró baja en un año electoral y advirtió sobre los riesgos de un posible duopolio en el mercado ante la inminente fusión operativa entre Tigo y Movistar.
Hoy se consolida la privatización de lo último que nos quedaba a los colombianos de Telecom (el 33% de Movistar). El Presidente @petrogustavo se lo vendió a Tigo (Millicom) cuando autorizó la fusión de Tigo con Movistar, consolidando un duopolio en telecomunicaciones.
Sus… pic.twitter.com/9pcnF4oXG6
— Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) April 24, 2026
Por qué es importante: La salida definitiva del Estado se produce en un contexto de alta complejidad jurídica internacional. Es necesario recordar que la empresa española Telefónica ganó recientemente un arbitraje ante el CIADI, donde se condenó a Colombia a reintegrar cerca de 380 millones de dólares por conceptos relacionados con la reversión de activos. Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) logró suspender el laudo en diciembre de 2024, la inestabilidad jurídica parece haber acelerado la salida de los socios extranjeros y del propio Estado del negocio.
Ahora, el panorama de las telecomunicaciones en Colombia queda a la espera de la integración total entre Tigo y Movistar. Millicom, que ya posee el control de Tigo tras adquirir la parte de EPM, busca con esta compra crear un operador de escala suficiente para competir directamente con el dominio de Claro. El desafío inmediato para la multinacional será convencer a las autoridades regulatorias de que esta concentración de mercado no derivará en un perjuicio para los precios y la calidad del servicio que reciben los usuarios finales.