El hecho: El Gobierno Petro propondrá incluir en la próxima reforma tributaria un impuesto dirigido a empresas y agentes del mercado eléctrico para obtener recursos que permitan atender las deudas del sector.
¿Por qué es importante? La iniciativa busca contribuir a la financiación de obligaciones acumuladas por el sistema eléctrico, entre ellas los saldos de la opción tarifaria y otros compromisos financieros que afectan la estabilidad del sector.
¿Cuál es el contexto? El sistema eléctrico enfrenta un déficit de liquidez de varios billones de pesos, mientras el Gobierno sostiene que las restricciones fiscales limitan la posibilidad de cubrir estas obligaciones con recursos del Presupuesto General.
¿A quiénes afecta y cómo? La propuesta impactaría a empresas generadoras, comercializadoras y demás agentes del mercado eléctrico. Dependiendo de su diseño, también podría tener efectos sobre la estructura de costos del sector.
¿Qué intereses hay en juego? El debate enfrenta dos posturas: la del Gobierno, que busca nuevas fuentes de financiación para atender las deudas del sistema eléctrico, y la de los gremios, que consideran que esos recursos deberían provenir del presupuesto nacional y no de nuevas cargas tributarias al sector.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara una nueva reforma tributaria con la que espera fortalecer el recaudo fiscal y obtener recursos adicionales para atender diferentes compromisos financieros del Estado. Entre las medidas que podrían incorporarse al proyecto figura un impuesto dirigido a las empresas y demás agentes que participan en el mercado eléctrico colombiano.
La propuesta fue anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien confirmó que solicitará al Ministerio de Hacienda incluir este gravamen dentro de la iniciativa legislativa que será radicada ante el Congreso el próximo 20 de julio.
Nuevo impuesto buscaría aliviar las deudas del sistema eléctrico
El Ejecutivo proyecta recaudar $21,8 billones en 2027, con una meta de aumentar ese monto de manera gradual hasta alcanzar $37 billones en 2030. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, se ha insistido en que el país requiere nuevas fuentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo con lo planteado por el Gobierno, los recursos obtenidos con este impuesto tendrían un destino específico: contribuir al pago de las obligaciones acumuladas por el sector eléctrico, entre ellas los saldos pendientes de la opción tarifaria, un mecanismo implementado para evitar incrementos abruptos en las facturas de energía durante años anteriores.
El panorama financiero del sector continúa siendo complejo. Información de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) señala que, al cierre de marzo de 2026, las empresas comercializadoras registraban un déficit de liquidez cercano a $5,1 billones.
Ese faltante corresponde a diferentes conceptos. Cerca de $1,6 billones están asociados a subsidios y contribuciones pendientes; $2,1 billones corresponden a recursos aún no recuperados por la opción tarifaria y otros $1,4 billones obedecen a obligaciones relacionadas con usuarios protegidos, entidades públicas y servicios de alumbrado.
A este escenario se suma la situación financiera de Air-e. Según datos divulgados por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las obligaciones de la compañía podrían superar los $2,5 billones durante julio de 2026 y alcanzar aproximadamente $3,03 billones al finalizar el año. Estas deudas afectan tanto a empresas generadoras como a otros participantes del mercado, especialmente a las plantas térmicas.
La propuesta del Gobierno ha abierto un nuevo debate entre el Ejecutivo y los gremios del sector energético. Mientras la administración nacional considera que un nuevo impuesto permitiría obtener recursos para atender estas obligaciones, varios representantes de la industria sostienen que compromisos como los derivados de la intervención de Air-e deberían ser cubiertos mediante recursos del Presupuesto General de la Nación y no trasladarse a los agentes del mercado.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido que existe un margen fiscal limitado para asumir ese tipo de gastos. El Ministerio de Hacienda argumenta que una parte importante del presupuesto nacional ya está comprometida con rubros como salud, pensiones, funcionamiento del Estado, Fuerza Pública y otros gastos de carácter obligatorio, lo que reduce la capacidad para destinar recursos adicionales al sector eléctrico.
La discusión comenzará a tomar forma una vez la reforma tributaria llegue al Congreso, donde deberá surtir el trámite legislativo y definir si el nuevo impuesto hace parte del articulado definitivo o si su alcance será modificado durante el debate parlamentario.