El Ministerio de Minas y Energía hizo un llamado urgente a las comunidades de Ubalá (Cundinamarca) para que se levanten los bloqueos que, desde comienzos de agosto, vienen retrasando los trabajos de mantenimiento en la central hidroeléctrica El Guavio. Según la cartera, esta situación amenaza con desestabilizar el sistema eléctrico y generar afectaciones en Bogotá y en varios departamentos del oriente colombiano.
El ministro Edwin Palma reconoció el derecho a la protesta, pero insistió en que debe primar la búsqueda de acuerdos. “Respetamos las manifestaciones sociales, pero es indispensable privilegiar el diálogo. Mantener a El Guavio en operación es fundamental no solo para Cundinamarca, sino para toda la región oriental del país”, señaló el funcionario.
Panorama general: Las manifestaciones en Ubalá han incluido exigencias como la pavimentación de vías y beneficios en el cobro de la energía. Sin embargo, Enel Colombia, empresa operadora de la central, aclaró que varias de estas solicitudes no dependen de la compañía y requieren la intervención de autoridades nacionales y regionales.
El Gobierno, por su parte, destacó que ya se han acordado compromisos concretos: una inversión de $250.000 millones en infraestructura, la creación de veedurías ciudadanas, la conformación de una comunidad energética en Ubalá y la instalación de una mesa jurídica para atender inquietudes sobre el servicio eléctrico.
Aun así, las protestas se mantienen, lo que ha impedido el ingreso de maquinaria y equipos indispensables para continuar con el cronograma de mantenimiento.
El Guavio: Gobierno advierte que bloqueos en Ubalá amenazan la estabilidad del sistema eléctrico nacional
Por qué es importante: La central hidroeléctrica, con capacidad instalada de 1.250 megavatios, aporta cerca del 6% de la energía nacional. Esta cifra la convierte en una pieza esencial dentro de la matriz energética colombiana. Su papel resulta aún más decisivo en la región oriental, donde cubre buena parte de la demanda de Cundinamarca, Meta y Guaviare.
Enel advirtió que, de persistir los retrasos, podría verse obligada a suspender completamente la operación de la planta para evitar daños mayores en sus equipos. Esa medida tendría consecuencias inmediatas sobre la confiabilidad del sistema, con efectos directos en Bogotá y otras zonas del país.
El Ejecutivo también reconoció que las empresas del sector energético deben asumir responsabilidades frente a las comunidades donde operan, para atender los impactos sociales y ambientales derivados de su actividad. “La solución no depende solo del Estado; necesitamos el compromiso de las compañías, las autoridades locales y la comunidad”, puntualizó el ministro Palma.
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