El hecho: El Gobierno expidió el decreto que inicia formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, entidad creada en 2023.
¿Por qué es importante? Porque supone la desaparición de una de las principales apuestas institucionales del anterior gobierno y obliga a redefinir la gestión de múltiples programas sociales.
¿Cuál es el contexto? La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el ministerio y posteriormente no prosperó una nueva iniciativa legislativa para darle continuidad.
¿A quiénes afecta y cómo? Impacta directamente a los funcionarios de la entidad y a las poblaciones beneficiarias de los programas que eran coordinados desde este ministerio.
El dato que no se puede perder: El decreto establece un plazo inicial de un año para culminar la liquidación y transformar completamente la estructura administrativa de la entidad.
El Gobierno nacional dio un paso definitivo hacia el cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad al expedir el decreto que ordena el inicio formal de su proceso de liquidación. La decisión marca el final de una de las iniciativas más representativas impulsadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la norma que permitió su creación y de que los intentos por mantener la entidad no prosperaran en el Congreso.
Inicia la liquidación del Ministerio de la Igualdad
Con la entrada en vigencia del decreto, la institución pasará a denominarse oficialmente “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, condición que regirá durante el periodo establecido para adelantar el cierre administrativo y operativo de la entidad. El plazo inicial definido para completar este proceso será de un año.
La normativa establece la hoja de ruta que deberán seguir las diferentes dependencias vinculadas al ministerio, así como las acciones necesarias para desmontar progresivamente su estructura institucional. Esto implica la supresión gradual de funciones, programas y áreas que fueron creadas bajo el amparo de la Ley 2281 de 2023.
El inicio del proceso ha generado incertidumbre entre los funcionarios de la entidad. Durante los últimos días, varios trabajadores manifestaron su preocupación por la situación laboral que enfrentan tras la decisión gubernamental.
La tensión se hizo evidente en Bogotá, donde cientos de empleados se concentraron frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Los manifestantes denunciaron dificultades para ingresar a sus lugares de trabajo y expresaron inquietudes sobre el futuro de sus cargos.
Según versiones conocidas por los trabajadores, desde la semana anterior comenzaron a implementarse medidas relacionadas con la entrega de funciones y la reorganización administrativa derivada de la liquidación.
El cierre del ministerio representa un cambio significativo dentro de la estructura del Estado, al tratarse de una entidad creada con el propósito de coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente vulnerables. Ahora, el Gobierno deberá definir cómo se garantizará la continuidad de los programas y estrategias que estaban bajo la responsabilidad de esta cartera durante el proceso de transición institucional.
