En un movimiento que ya genera eco en los pasillos del Congreso y los mercados financieros, el Gobierno Nacional ha presentado formalmente el Plan de Enajenación 2026. Se trata de un inventario detallado de los activos públicos que el Estado colombiano considera susceptibles de ser vendidos o desinvertidos en el corto y mediano plazo. En esta ocasión, el documento ha encendido las alarmas debido a la magnitud y relevancia de las empresas del Grupo Ecopetrol que figuran en la lista.
Este instrumento técnico, que cada año debe pasar por el filtro de la Comisión Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos (CAAP), funciona como una declaración de intenciones. Aunque no implica una orden de venta instantánea, sí otorga el marco legal para que el Ejecutivo pueda desprenderse de participaciones en sectores que considera no estratégicos o que podrían generar liquidez para las arcas públicas.
Panorama general: Lo que más destaca en el documento es la presencia de prácticamente toda la columna vertebral de Ecopetrol. En el sector de exploración y producción internacional, aparecen activos de alto valor como Ecopetrol América LLC, la operación en la cuenca de Permian (Estados Unidos), uno de los activos más rentables de la compañía, así como sus filiales en México, Brasil y Perú.
Sin embargo, el plan no se limita al crudo. La lista abarca también el transporte y la logística, mencionando a Cenit, el brazo logístico del grupo, y a los principales oleoductos del país: Ocensa (Oleoducto Central), el Oleoducto de Colombia (ODC) y el Oleoducto de los Llanos Orientales. Incluso activos emblemáticos como la Refinería de Cartagena (Reficar) y la participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), adquirida por Ecopetrol en una transacción histórica hace pocos años, han sido incluidos.
Otros nombres que figuran en el listado son:
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Hocol y Equión Energía (Exploración y producción local).
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Essentia S.A. (antes Propilco) y Ecodiésel Colombia.
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Invercolsa (Inversiones de Gases de Colombia).
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Filiales de comercialización en Singapur y Asia.
Plan de Enajenación 2026: Gobierno pone la lupa sobre activos clave de Ecopetrol
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda recuerdan que la inclusión de una empresa en este plan es un requisito procedimental y no una sentencia definitiva. De hecho, la historia reciente muestra precedentes similares: bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, empresas como la propia ISA, Findeter e incluso una parte adicional de Ecopetrol fueron incluidas en el listado sin que se concretara su venta.
Para que el Grupo Ecopetrol se desprenda de cualquiera de estos activos, se requiere un proceso complejo que incluye el aval de su Junta Directiva y la aprobación de la Asamblea de Accionistas. No obstante, el hecho de que el Gobierno Petro, cuya bandera ha sido la transición energética y el alejamiento de los combustibles fósiles, incluya estos activos en el plan, envía un mensaje político sobre la posible disposición a «monetizar» negocios petroleros para financiar otros rubros de la economía.
Por qué es importante: El Plan de Enajenación 2026 también pone la lupa sobre activos fuera del sector minero-energético. El Gobierno ha identificado participaciones en terminales de transporte terrestre en ciudades clave como Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla. Asimismo, figuran en la lista la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport), la Zona Franca de Cartagena y la Sociedad Portuaria del Dique.
En términos de valor, el documento expuesto por Valora Analitik detalla tanto el valor contable como el reportado de estas participaciones, donde el Estado mantiene desde porcentajes minoritarios hasta el control total.
Al salir de negocios de transporte (Cenit/Ocensa) o de la refinación (Reficar), la empresa perdería la integración vertical que hoy le permite mitigar las fluctuaciones en el precio internacional del barril.
Por ahora, el balón está en la cancha del Congreso y de la CAAP, donde se debatirá si Colombia está lista para reducir su participación en los negocios que, por décadas, han garantizado la soberanía energética y fiscal del país.
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