Con la premisa de que «no vamos a dejar que el país se apague», el Gobierno nacional anunció que radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia. La iniciativa busca asegurar recursos por $1,2 billones destinados a sostener la liquidez del sistema eléctrico durante la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.
Panorama general: El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, en medio de un debate de control político en el que expuso la compleja situación financiera que atraviesa el sector energético. Ante los senadores, el funcionario defendió la inyección de recursos como una herramienta indispensable para garantizar el respaldo a las compañías encargadas del abastecimiento mediante energía térmica. «¿Cuál es la otra opción? Díganme cuál es la otra opción», cuestionó el ministro al justificar la urgencia de la medida.
Para sacar adelante la iniciativa, Gómez hizo un llamado directo a las bancadas, solicitando un respaldo bipartidista y un trabajo articulado entre el Gobierno y la oposición. El proyecto será presentado de manera conjunta por las carteras de Hacienda y de Minas, con el propósito de acelerar su trámite legislativo antes de que se agudicen los meses más críticos para el abastecimiento energético.
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Durante su intervención, el jefe de la cartera económica sostuvo que la coyuntura actual no puede atribuirse a la actual administración, en el poder desde hace poco más de un mes, sino que responde a cuatro años de inacción previa. En este sentido, cuestionó la gestión de la exministra Irene Vélez, de quien afirmó que «nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector», y reprochó que su sucesor, el ministro Palma, tampoco adoptó medidas de fondo a pesar de comprender la problemática.
Como ejemplo de la falta de previsión anterior, Gómez recordó que el plan de ahorro energético apenas se declaró el pasado 23 de julio, «15 días antes de terminar el gobierno», desatendiendo las alertas que el gremio venía lanzando meses atrás. Asimismo, advirtió sobre situaciones críticas a nivel regional, como el caso de Bogotá, que según indicó se encuentra «cerca de un apagón» debido al retraso en la construcción de una línea de transmisión de 1.000 kilómetros que acumula unas 1.000 consultas previas pendientes.
En el plano corporativo y fiscal, el ministro reveló cifras alarmantes sobre Ecopetrol, señalando que la compañía pasó de registrar utilidades por $33,4 billones en 2022 a solo $9 billones el año pasado, lo cual calificó como «un caso universitario, un caso académico de destrucción de valor». A esto se suman la capitalización de la empresa de energía del Chocó y una deuda acumulada de $7 billones que, subrayó, el actual Ejecutivo debe asumir sin haberla generado.
Por qué es importante: Frente a las propuestas de implementar tarifas diferenciales para la Costa Atlántica, el funcionario se mostró abierto a analizarlas, pero condicionó su viabilidad a responder dos interrogantes fundamentales: «¿A quién beneficia?» y «¿quién paga?». A su juicio, cualquier subsidio opera como una transferencia de ingresos costeada por el conjunto de los contribuyentes, por lo que debe focalizarse estrictamente en la población vulnerable, proyectando además una reducción gradual apalancada en el desarrollo de energías solar y eólica en la región.
En cuanto al presupuesto para el próximo año, Gómez detalló que el Ministerio de Minas dispondrá de $2,5 billones, a los que se sumarán vigencias futuras por $1,6 billones, configurando una bolsa total de $4,1 billones. Adicionalmente, exigió un mayor control sobre las empresas eléctricas públicas, a las que catalogó como «botines de corrupción», al tiempo que descartó tajantemente la nacionalización del sector como solución: «Es el peor error histórico que podemos cometer».
Finalmente, el ministro reiteró su disposición al diálogo con el Congreso, respaldó la gestión técnica de la ministra de Minas y Energía y extendió un llamado a las gobernaciones y alcaldías para que asuman su cuota de responsabilidad frente a un desafío que, concluyó, trasciende las disputas ideológicas y políticas.
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