La Presidencia de la República anunció que, a partir del 1 de enero de 2025, se implementará una reducción en los montos asignados para viáticos. Esta medida, que busca fortalecer las políticas de austeridad, reducirá el porcentaje asignado de 90% a 75% con base en la escala autorizada por decreto.
Gobierno nacional: impacto de la reducción de viáticos en la administración pública
La nueva normativa aplicará a los niveles directivos y a los asesores con grados 14 a 10, así como a los asesores presidenciales en los grados I a III. Según un comunicado emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), esta decisión forma parte de un compromiso integral del gobierno para construir una administración pública más eficiente, responsable y transparente.
“Con esta disposición, reafirmamos nuestro compromiso con la austeridad y la eficiencia fiscal. Los recursos ahorrados serán dirigidos a sectores estratégicos que impactan directamente el desarrollo social y económico del país”, indicó Laura Sarabia, directora del Dapre.
La funcionaria subrayó que este ajuste es solo una de las varias medidas adoptadas durante la actual administración para promover el uso eficiente de los recursos públicos. En particular, destacó la Resolución 0403 del 5 de junio de 2024, que estableció un tarifario para regular los honorarios de contratistas, asegurando que estos pagos se ajusten a las necesidades reales y principios de economía.
El comunicado de la Presidencia también enfatizó que estas acciones son reflejo de un liderazgo comprometido con la transparencia en la gestión estatal. “Este paso no solo asegura la sostenibilidad fiscal, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de priorizar el gasto público en sectores estratégicos para el desarrollo nacional”, señala el documento.
Además de las reducciones en los viáticos, el gobierno ha implementado otras estrategias orientadas a racionalizar el gasto, como la eliminación de duplicidades en procesos administrativos, la optimización de contratos de prestación de servicios y el fortalecimiento de controles internos.
La medida ha generado diversas opiniones entre analistas y expertos en administración pública. Algunos la consideran un avance hacia una mayor eficiencia fiscal, mientras que otros advierten que podría impactar la movilidad y el desempeño de ciertos funcionarios en sus labores diarias.
El gobierno, sin embargo, insiste en que estos ajustes son necesarios para garantizar que los recursos públicos sean destinados a prioridades nacionales como educación, salud, infraestructura y programas sociales.
Con estas iniciativas, la Presidencia espera consolidarse como un referente en la gestión responsable del presupuesto estatal, demostrando que la austeridad no solo es un concepto, sino una práctica concreta para beneficiar al país en su conjunto.
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