El gobierno y líderes mineros pactan un compromiso que, alcanzado en una mesa de concertación entre el Ministerio de Ambiente y los líderes del paro minero, establece nuevos protocolos para la creación de reservas y una mayor participación de las comunidades afectadas.
Gobierno y líderes mineros alcanzan acuerdo clave sobre nuevas áreas de reserva y formalización de la minería
El pasado 5 de noviembre, se alcanzó un importante acuerdo en el marco de una mesa de concertación entre el Ministerio de Ambiente y los líderes del paro minero, que logró poner fin a las movilizaciones que se habían iniciado a finales de octubre. Este acuerdo, que abarca varios compromisos clave, busca equilibrar la protección del medio ambiente con las necesidades y derechos de las comunidades mineras, y se enfoca principalmente en la creación de nuevas áreas de reserva, el proceso de formalización minera y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Las protestas, que incluyeron bloqueos y paros en diversas regiones del país, tuvieron su origen en la promulgación del decreto 044 de 2024. Este reglamento ha generado inquietud en varios sectores productivos, especialmente en la industria minera, por su impacto en la actividad minera formal e informal.
Según los críticos, el decreto permitiría la creación de nuevas áreas de reserva sin contar con estudios previos que evalúen de manera exhaustiva los impactos socioeconómicos, técnicos, y ambientales de la medida. En este contexto, los líderes mineros expresaron su preocupación por la incertidumbre que este decreto generaría, afectando tanto la estabilidad de las actividades productivas en zonas con una fuerte tradición minera como los procesos de formalización en curso.
En la mesa de concertación, encabezada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, los líderes mineros de regiones como Antioquia, Bajo Cauca, Boyacá, Santander y Putumayo lograron un acuerdo crucial que compromete al gobierno a no decretar nuevas áreas de reserva temporal sin antes llevar a cabo un proceso de concertación con las comunidades locales. Además, se acordó que cualquier medida de este tipo deberá garantizar el cumplimiento de los principios del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental.
El compromiso es claro: no habrá nuevas reservas sin un proceso de concertación con las comunidades. Esto incluye estudios previos y la participación activa de los actores locales, porque entendemos que la minería, cuando se hace de forma responsable y en conjunto con las comunidades, puede ser un motor de desarrollo y no un factor de conflicto», expresó la ministra Muhamad tras la firma del acuerdo.
Una de las principales demandas de los líderes mineros fue que el gobierno realice estudios técnicos y socioeconómicos rigurosos antes de declarar nuevas reservas. Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y delegada de la Coordinadora Nacional Minera, enfatizó que es fundamental que estos estudios sean realizados en conjunto con los ministerios de Hacienda y Minas, y que incluyan la participación activa de las comunidades afectadas, así como de profesionales locales.
Según González, la falta de estos estudios ha generado una gran incertidumbre en territorios mineros tradicionales, donde aún persisten los procesos de informalidad y donde, a pesar de los esfuerzos por formalizar la actividad, se sigue enfrentando un alto grado de inseguridad jurídica.
«Solicitamos que el Ministerio de Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, realicen estudios territoriales que consideren los impactos socioeconómicos de las reservas en cada una de nuestras regiones». Y, por supuesto, que estos estudios se realicen en consulta con las comunidades, como lo establece el Acuerdo de Escazú», señaló González.
Revisión de reservas temporales y su impacto en las comunidades
Uno de los puntos clave de la reunión fue la solicitud de los líderes mineros para que no se prorrogue la vigencia de las reservas temporales establecidas bajo el Decreto 1374 de 2013, que afecta a diversas regiones del país. Las comunidades mineras han señalado que la declaración de estas zonas como áreas de reserva temporal ha tenido un impacto negativo en la economía local y en la viabilidad de las actividades mineras, sin que se haya realizado una evaluación adecuada de sus consecuencias.
«Se debe revisar el impacto de las reservas ya existentes y garantizar que cualquier nueva medida no afecte a las comunidades de manera irreversible», insistió la presidenta de Asomineros.
En otro de los puntos discutidos, los mineros pidieron al gobierno que priorice los procesos de formalización minera ya existentes, independientemente de la modalidad de minería. Esto, argumentaron, es fundamental para reducir la ilegalidad y mejorar la gestión ambiental en las regiones mineras. A su vez, destacaron la importancia de que las autoridades actúen con transparencia, respetando los derechos de las comunidades a la información, la participación y la justicia ambiental, como lo exigen las disposiciones de la Corte Constitucional.
Valoramos que el gobierno haya aceptado priorizar la formalización, pero también necesitamos que el proceso sea inclusivo y que garantice el bienestar de todos los actores, desde los pequeños mineros hasta las grandes empresas», concluyó González.
Finalmente, el acuerdo incluye la creación de un grupo de seguimiento para garantizar que los compromisos adquiridos sean cumplidos. Este grupo estará compuesto por representantes del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, así como los alcaldes y gobernadores de los municipios y territorios con fuerte identidad minera. Este grupo de seguimiento tendrá como objetivo garantizar que se respeten los cronogramas acordados y se avance de manera efectiva en la formalización minera y la concertación de nuevas reservas.
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