Las mayorías en el Congreso dieron la estocada final al artículo 38 de la Ley 996 del 2005, mejor conocida como Ley de Garantías. (Golpe a la democracia)
Sin lugar a dudas, un golpe fulminante a la democracia colombiana que se apresta en escasos meses a elegir a los nuevos Senadores y Representantes a la Cámara y unas semanas después al reemplazo de Iván Duque en la presidencia de la República.
Con lo aprobado se borra de un plumazo esta herramienta legal que evita que la contratación estatal sea utilizada de manera indebida en prácticas políticas o electoreras. Y se convertirá en un festín de contratos a lo largo y ancho del país, favoreciendo a los amigos del gobierno y sus aliados para direccionar el caudal electoral por los candidatos de sus preferencias.
Y es que lo que acaban de hacer quienes aprobaron para que se modificará la Ley de Garantías, cometieron un grave error. Primero, en el tema de garantías electorales y de igualdad de la competencia que se debe dar en el marco de las elecciones.
Pero tiene varios problemas esa eliminación, la primera; es que su trámite se hizo en el marco de una ley ordinaria siendo que, por su naturaleza, debió hacerse a través de una ley estatutaria.
Ahora bien, la Constitución señala que un tipo de normas como está, exige un control previo por parte de la Corte Constitucional, el cual debe surtirse independientemente que sea un sólo artículo de esta norma. Lo cual está claramente expreso en el artículo 152 de nuestra carta política.
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Pero, además, les genera un conflicto de intereses grave a los congresistas que votaron a favor, ya que en el momento ellos son sujetos de reelección, como los miembros de las corporaciones públicas pueden hacerlo. Así las cosas, en el momento de inscribirse, ellos configurarán un conflicto de intereses consistente en haber cambiado las reglas de elección con las cuales ellos mismos van a ser elegidos.
Esto, es un conflicto grave e incluso puede dar para la pérdida de investidura, quizás sea un mecanismo suficientemente bueno para la depuración del Congreso.
Aunque con lo aprobado en el Capitolio se envía un pésimo mensaje a la democracia de nuestro país. A días de abrirse las inscripciones para las listas a Senado y Cámara se cambian las reglas de juego en plena víspera del calendario electoral.
Es decir que lo que tendremos en los próximos meses durante las elecciones será corrupción a la carta, compra y venta de votos, para favorecer a los políticos tradicionales aliados del gobierno y todo auspiciado con dineros públicos del Presupuesto General de la Nación el cual se nutre también con los impuestos que pagan los ciudadanos. Muy triste que el gobierno en cabeza de su presidente se haya prestado para darle un golpe fulminante a la democracia de esta forma tan baja.
Mientras tanto nos dicen que eso va a permitir la reactivación económica y generar empleo en las regiones, puede que sí, ¿pero a costa de qué? De darle sepultura a una Ley que era el muro de contención contra la corrupción en época electoral y que en la mayoría de casos los grandes contratistas se quedarán con el grueso del dinero para inyectarlo a campañas políticas de sus amigos con el fin de obtener beneficios una vez vuelvan a reelegirse.
Lo que quiere hacer este gobierno por todos los medios es ganar las mayorías del nuevo Congreso a punta de mermelada, de contratos amañados y corrupción en las regiones para perpetuarse en el poder. Y eso la ciudadanía no lo puede permitir.
Confiamos en que la Corte Constitucional agende cuanto antes la revisión de esta iniciativa y la declare inconstitucional para salvaguardar la democracia de nuestro país tan estropeada por algunos sectores políticos que buscan dilapidarla cada vez que quieren.
Ojalá que esta nueva “jugadita” del gobierno y sus aliados sea un campanazo de alerta para que la opinión pública y los ciudadanos despierten y mayoritariamente se pronuncien en las urnas para derrotar las artimañas de un gobierno corrupto.
Ojalá que ese primer golpe certero se dé el próximo 14 de marzo, cuando se elija al nuevo Congreso, un Congreso que represente los verdaderos intereses del pueblo y no los intereses del sector financiero, de las multinacionales y de los corruptos de este país.