Gran Acuerdo Nacional

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POR: JOSÉ FÉLIX LAFAURIE R.


Frente a un gran desacuerdo, como el que se evidenció en los resultados del plebiscito, aunque sea obvio, se impone un “Gran Acuerdo Nacional” para preservar lo común y conciliar las diferencias de una sociedad dividida entre el ‘Sí’ y el ‘No’.

Ese Gran Acuerdo debe ser “político”, en el mejor sentido de la palabra, es decir, sin cabida para cálculos electorales y orientado a buscar un común denominador en torno a los valores democráticos: “El Acuerdo sobre lo Fundamental”, de Álvaro Gómez.

Ese gran pacto es mejor blindaje que la constituyente de las Farc o que la incorporación del Acuerdo al bloque de constitucionalidad. En 1957, un pacto político previo permitió salir del plebiscito al Frente Nacional sin traumatismos. En 1992, un acuerdo político hizo viable un proyecto, liderado por Álvaro Uribe, para frenar un intento por desconocer la amnistía para el M19, que incluía los delitos del Palacio de Justicia, cuando ello era posible porque no existían el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

No obstante, hay dos peligrosos atajos. El primero responde a una posición inicial del Gobierno según la cual todo se limitaría a unos ajustes al Acuerdo Final. De semejante afirmación se deriva que no hay diferencias sustanciales entre el ‘Sí’ y el ‘No’, y que todo este desencuentro fue solo por asuntos cosméticos. Así las cosas, el nuevo Acuerdo Final maquillado podría ser renegociado rápidamente con las Farc y sometido a un nuevo plebiscito.

El segundo resulta de las demandas contra el Acto Legislativo para la Paz, una de las cuales busca la inexequibilidad del artículo 5º, que supedita su vigencia a los resultados del plebiscito. Si la Corte lo declara inexequible y deja vivo el resto del Acto Legislativo, estaría resucitando el Acuerdo Final y el Gobierno podría implementarlo vía fast track. De paso, el plebiscito habría sido una enorme pérdida de recursos y el tránsito de la polarización a la ruptura total.

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Cualquiera de estos atajos ofende el más importante de los valores democráticos: el voto, y es, por definición, un camino corto, pero no hacia la paz sino hacia un cisma nacional de consecuencias impredecibles, en medio de una coyuntura económica difícil, máxime si se pretende la transformación del campo como base para aclimatar la paz.

El Gran Acuerdo debe permitir una salida digna, segura y con futuro, tanto para las Farc como para el país. Hay que proteger a las Farc, pero también los valores democráticos, entre ellos el voto y la integridad constitucional, pues la Carta no puede ser sustituida por un documento con el que más de la mitad del país estuvo en desacuerdo.

El Acuerdo Nacional debe respetar la voz del pueblo. Esa es su finalidad. Las constituciones se pueden modificar o derogar totalmente. La voluntad del pueblo desoída es la semilla de la confrontación; la negación de la paz.

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