La semana pasada la Comisión Primera de la Cámara dio un paso muy importante contra la contaminación producida por la extracción ilegal de minerales en Colombia.

La inclusión en el proyecto de Ley del Código de Policía de la facultad para decomisar e incautar químicos usados en la minería ilegal, es un elemento fundamental en favor del medio ambiente y de la salud de los colombianos.

El parágrafo de mí autoría que se adicionó al artículo 103 del proyecto da competencia en materia minero-ambiental a la Policía para aplicar medidas preventivas y correctivas por los comportamientos prohibidos en el Régimen Ambiental y Minero.

De esta manera se establece que la Policía podrá incautar y decomisar sustancias y químicos como el zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de la minería ilegal.

Hoy el país está inundado de químicos de cuenta de la extracción ilegal y la Policía no tiene la posibilidad de incautarlos, esto ha generado una ‘bomba’ de tiempo que ni las autoridades ni la sociedad han dimensionado.

Según la Organización Mercury Watch, se calcula que el país vierte al medio ambiente 180 toneladas anuales de mercurio derivadas de la extracción artesanal de oro, lo que ubica a la Nación en el tercer lugar a nivel mundial en emisiones de mercurio, de acuerdo con Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Asimismo, ‘La investigación sobre la minería en Colombia’ realizada por la Universidad Externado de Colombia y un estudio de la Contraloría General de la República, evidenciaron que 80 ríos, 80 municipios y 17 departamentos están contaminados por este químico, con efectos irreversibles, no solo en salud de la población, sino del ecosistema.

Reportes médicos han evidenciado que las poblaciones expuestas a esta sustancia presentan, entre otras enfermedades: fallas al sistema nervioso central, problemas renales, cardiovasculares, tensión arterial alta, edemas pulmonares, problemas cutáneos, pérdida de la memoria, y malformaciones congénitas.

Pero adicionalmente, la medida ayudará a combatir a los grupos armados al margen de la Ley que han encontrado en la minería ilegal su sustento. Quitarles los insumos básicos para la extracción del oro, golpeará fuertemente sus finanzas.

De la misma forma, dicha facultad tiene implicaciones en lo económico, en la medida en que se calcula que esta actividad deja un hueco fiscal aproximado a 1,7 billones de pesos.

La inclusión de esta medida en tercer debate se convierte en parte de solución al problema, pero se necesitan de normas contundentes para enfrentarlo.

De hecho, la Ley 1658 de 2013 que busca erradicar el uso del mercurio en todos los procesos industriales en un plazo no mayor a 10 años, ha ayudado pero resulta insuficiente ante su magnitud.

Es por esto que esperamos que el proyecto del Código de Policía logre pasar su último debate para que, además de darles nuevos instrumentos a las autoridades para combatir la delincuencia en las ciudades, tengan herramientas efectivas contra este delito que viene carcomiendo en silencio el país.