Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un gravamen creado mediante la Ordenanza 50 de 2024 y que comenzó a recaudarse desde enero de 2025, con vigencia prevista hasta diciembre de 2027.
En una comunicación conjunta, los gremios señalaron que la medida representa una carga adicional para el sector productivo del departamento, en un contexto marcado por altos niveles de tributación, recientes decisiones económicas del Gobierno nacional y el incremento del salario mínimo.
Gremios alertan por efectos en empleo y competitividad empresarial
Según indicaron, esta combinación de factores está presionando los presupuestos empresariales y afectando la sostenibilidad de numerosas compañías, especialmente pequeñas y medianas.
De acuerdo con Intergremial y Fenalco, el impacto de la tasa no se limita a las finanzas de las empresas, sino que también tiene efectos sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional. Advirtieron que, en escenarios extremos, algunas organizaciones podrían verse obligadas a reducir operaciones o incluso cerrar, lo que tendría repercusiones directas en la economía del departamento.
Los gremios recordaron que su oposición a la Tasa de Seguridad y Convivencia fue expresada desde la etapa de discusión del proyecto en la Asamblea Departamental. Durante ese proceso, manifestaron públicamente sus reparos y participaron en debates institucionales y espacios en medios de comunicación, en los que alertaron sobre los posibles efectos negativos de la iniciativa para el tejido empresarial antioqueño.
En ese sentido, reiteraron su llamado a la Gobernación para que reconsidere la aplicación del cobro y evalúe alternativas que permitan fortalecer la seguridad ciudadana sin trasladar nuevas cargas económicas al sector productivo. A su juicio, el empresariado ya enfrenta un entorno complejo, caracterizado por mayores costos operativos y un panorama económico retador a nivel nacional.
Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia señalaron que mantienen su disposición al diálogo con las autoridades departamentales. Indicaron que el objetivo es contribuir a la construcción de soluciones concertadas que garanticen recursos para la seguridad, pero que al mismo tiempo preserven la capacidad de las empresas para generar empleo, inversión y desarrollo en Antioquia.
Los gremios insistieron en que cualquier política pública en materia de seguridad debe diseñarse con criterios de sostenibilidad fiscal y concertación, de modo que no se comprometa la competitividad del departamento ni se desincentive la actividad empresarial formal, clave para el recaudo, el crecimiento económico y la estabilidad social en el mediano y largo plazo regional sostenible.
También puede leer: Ya hay hora y lugar para reunión entre Petro y Trump este martes