El Hecho: Organizaciones gremiales e institucionales de Antioquia agrupadas en la iniciativa Región Aeroportuaria (Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la CCI y la Veeduría Técnica) expresaron su contundente rechazo ante la omisión del proyecto de ampliación y la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova en un documento Conpes del Gobierno Nacional.
¿Por qué es importante?: La exclusión de la terminal, la segunda más importante del país, obstaculiza el flujo de garantías y respaldo estatal necesarios para responder al acelerado incremento de la demanda de pasajeros y carga.
¿Cuál es el contexto?: El reclamo surge porque el enfoque del documento Conpes se limita a terminales administradas directamente por la Aerocivil, dejando al margen a los aeropuertos bajo el modelo de concesión o APP que pueden expandirse sin comprometer recursos de la Nación.
¿A quiénes afecta y cómo?: Involucra al sector productivo antioqueño y a las entidades territoriales, las cuales sostuvieron un encuentro estratégico con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, para solicitar que la expansión sea declarada un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE).
El dato que no se puede perder: El costo total de las obras asciende a unos 22,5 billones de pesos, por lo que el Consejo Motor propuso someter el Plan Maestro a auditoría externa, construir por hitos y asegurar un cierre financiero por fase para garantizar la responsabilidad fiscal.
La omisión del proyecto de ampliación y construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova dentro del documento Conpes del Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en el sector productivo e institucional de Antioquia.
Organizaciones clave de la región, agrupadas en la iniciativa Región Aeroportuaria, integrada por Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Veeduría Técnica de la terminal, expresaron su contundente rechazo ante lo que consideran un vacío crítico en la política pública de infraestructura aérea del país.
Panorama general: El núcleo del reclamo radica en los criterios adoptados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Según el Consejo Motor de la Región Aeroportuaria, el enfoque actual del documento gubernamental se limita exclusivamente a las terminales aéreas administradas de forma directa por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), dejando al margen a los aeropuertos que operan bajo el modelo de concesión.
«Esta delimitación deja por fuera a terminales con alta capacidad de crecimiento autónomo mediante esquemas de concesión o alianzas público-privadas (APP), como es el caso del Aeropuerto José María Córdova, las cuales pueden expandirse sin necesidad de comprometer recursos de la Nación», advirtieron los gremios a través de un comunicado conjunto.
Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, advirtió sobre las implicaciones prácticas de esta exclusión, señalando que al no estar incluido en la hoja de ruta del Conpes, se obstaculiza el flujo de garantías y el respaldo estatal necesarios para robustecer la infraestructura y responder al acelerado incremento de la demanda de pasajeros y carga en la segunda terminal más importante de Colombia.
Gremios de Antioquia rechazan la exclusión del aeropuerto José María Córdova del documento Conpes
Ante este panorama, las organizaciones antioqueñas sostuvieron un encuentro estratégico con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera. Durante la reunión, le formularon una solicitud puntual: declarar la expansión del José María Córdova como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE).
Para los gremios, esta declaratoria no solo dinamizaría la ejecución de las obras —que contemplan una intervención integral en la terminal de pasajeros y la habilitación de la esperada segunda pista—, sino que facilitaría el acompañamiento institucional indispensable para un proyecto de esta escala y repercusión económica.
La magnitud de la inversión es uno de los puntos más sensibles del debate: se calcula que el costo total de las obras asciende a unos 22,5 billones de pesos.
Conscientes del impacto fiscal de una cifra de tal envergadura, el Consejo Motor propuso tres medidas orientadas a la prudencia financiera:
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Auditoría externa: Someter el Plan Maestro a una rigurosa revisión técnica independiente.
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Construcción por hitos: Fraccionar la ejecución de la infraestructura en etapas manejables.
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Cierre financiero por fase: Garantizar que cada tramo del proyecto cuente con su propio sustento económico autónomo, evitando comprometer presupuestos públicos sin respaldo asegurado.
Con estas propuestas, el sector gremial de Antioquia reafirma su papel como interlocutor técnico ante el Ejecutivo, apostando por una planeación de largo plazo que combine el desarrollo aeroportuario con la responsabilidad fiscal.
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