El presidente Gustavo Petro reveló que la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) adquirió un software de espionaje de una compañía israelí, utilizado para interceptar comunicaciones móviles durante las protestas sociales de 2021 y en el marco de las elecciones presidenciales de 2022.
Panorama general: Durante una intervención pública, Petro reveló que recibió una carta que contenía información sobre la adquisición de este software de espionaje, utilizado exclusivamente con fines de inteligencia. Sin embargo, el presidente subrayó que el uso de la información obtenida con este software no podría emplearse como prueba en tribunales. «En cualquier caso la información contenida en este documento puede usarse solo con fines de inteligencia y no puede usarse como material probatorio utilizado en un tribunal», afirmó Petro, citando el documento.
Además, el mandatario expresó su preocupación por las interceptaciones ilegales que podrían haber ocurrido durante las protestas y las elecciones. Recordó que su familia había sido víctima de este tipo de prácticas durante el gobierno de Álvaro Uribe. «Recibí una serie de informaciones que no podían provenir de interceptaciones ilegales, de nuevo, ya los he sufrido en mi familia en el gobierno Uribe», dijo Petro.
Gustavo Petro expone compra de software de espionaje por Dipol: sospechas de interceptaciones ilegales
Por qué es importante: Las revelaciones del presidente han planteado una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta. Petro se preguntó cuántas personas fueron espiadas y bajo qué condiciones. «¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional?», cuestionó el presidente, sugiriendo que el financiamiento del software podría haber involucrado prácticas irregulares.
Petro fue más allá al señalar que este tipo de operaciones podrían implicar lavado de activos dentro del propio Estado colombiano. «Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado», afirmó, insinuando que la falta de transparencia en la adquisición y utilización del software de espionaje plantea serias dudas sobre la gestión de recursos públicos.