Una nueva disputa legal enfrenta el presidente Gustavo Petro tras presentar una demanda de nulidad contra el reciente fallo del Consejo de Estado que prohíbe la transmisión de sus consejos de ministros a través de canales de televisión abierta, incluidos los privados, regionales y comunitarios.
En el documento radicado, Jiménez solicita que se deje sin efectos el fallo que, según ella, restringe la comunicación directa entre el jefe de Estado y los ciudadanos, al limitar el uso de medios masivos para difundir las actividades del gobierno.
La controversia surgió a raíz de una tutela presentada por una ciudadana que manifestó sentirse afectada por la interrupción de la programación habitual en canales privados, en al menos dos ocasiones, debido a la transmisión en cadena de consejos de ministros.
Presidencia de Petro enfrenta nuevo pulso jurídico por transmisiones en medios públicos
Según su reclamación, dicha interrupción vulneró su derecho fundamental a recibir información diversa y plural.
El Consejo de Estado falló a favor de la demandante, argumentando que el gobierno estaba concentrando la información pública en una única narrativa oficial, lo que afectaba el acceso a enfoques alternativos sobre los hechos nacionales.
“El derecho a la información también se ve vulnerado cuando la información transmitida es única, sin posibilidad de acceder, en condiciones similares, a otras fuentes o interpretaciones de la realidad”, señaló el fallo.
La decisión obligó a la Presidencia a abstenerse de utilizar los canales privados, el Canal 1, así como las señales regionales y comunitarias de televisión abierta, para difundir estos espacios de gobierno.
Esta medida fue vista como un límite a la capacidad del Ejecutivo de usar medios masivos para comunicar directamente sus decisiones.
Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que estos consejos son una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, ya que permiten a la ciudadanía conocer de primera mano las deliberaciones del gabinete presidencial.
La demanda de nulidad fue presentada ante la Sala Plena del Consejo de Estado, que ahora deberá analizar si la decisión previa vulnera los principios democráticos de participación y acceso a la información gubernamental.
Mientras se resuelve este nuevo episodio jurídico, el país continúa dividido entre quienes consideran las transmisiones como un ejercicio legítimo de comunicación institucional, y quienes temen que se utilicen como instrumentos de propaganda estatal.
La decisión que tome el Consejo de Estado marcará un precedente importante sobre los límites de la comunicación presidencial en los medios públicos y privados del país.
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