Hacia una educación libre

La baja calidad de la educación en Colombia rebasó sus límites. Los resultados en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos -PISA-, muestran la necesidad urgente de hacer cambios estructurales en la manera cómo se preparan nuestros niños para afrontar los retos de un mundo competitivo y global.


Por: María Fernanda Cabal

Hoy somos una de las naciones con menores índices de bilingüismo en el mundo, donde sólo el 33.1% de los niños menores de 15 años, habla dos o más idiomas.

Ésta cifra se suma a las bajas calificaciones que hace un año obtuvimos en el mismo programa, que también evaluó las competencias de lectura, matemáticas y ciencias en 8.500 estudiantes de 15 años. Nuestro rendimiento fue menor que la media de la OCDE y casi el 40% de los alumnos colombianos tuvieron un nivel bajo en las tres materias.

Señalar al Gobierno de turno por pésimos resultados, es completamente injusto. Ha sido evidente el interés del Presidente Iván Duque en hacer mayores esfuerzos para aumentar la cobertura y mejorar la calidad del sector. En solo dos años, el presupuesto para Educación pasó de $38 billones a $47 billones, convirtiéndose en una importante inversión para el progreso social.

Teniendo en cuenta lo anterior, todo indica que la responsabilidad no recae sobre el Estado -que está cumpliendo su tarea de garantizar los recursos- sino sobre quienes imparten la educación en nuestro país.

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Aunque son varios los casos rescatables en donde la enseñanza se ejerce con total excelencia, también es claro que, para nuestra desgracia, son muchos los docentes que se amparan en la figura del “sindicato”, para construir su propia plataforma política e ideológica, garantizándose sus futuros electores cautivos en los colegios públicos.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode-, cuenta con 270.000 maestros afiliados de los casi 312.000 que hay en todo el país al servicio del Estado, representando a su vez el 50% de la Central Unitaria de trabajadores -CUT-.

Dicha agremiación ha sido blanco de múltiples denuncias por adoctrinamiento al interior de las aulas de los colegios públicos, en las que actualmente se imparten contenidos ideologizados, escudados en la libertad de cátedra y sin posibilidad de control por parte de los padres de familia; siendo parte activa de la estrategia de la izquierda de ganar adeptos a partir de la hegemonía cultural.

Como todo movimiento con tinte “revolucionario”, Fecode se ha caracterizado por apropiarse de causas aparentemente justas para manipular a los estudiantes y hacerlos partícipes, en numerosas ocasiones, de una clara de imposición de la agenda socialista en nuestro país.

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A pesar de lograr que los distintos Gobiernos cedan ante sus presiones y exigencias, se declaran periódicamente “en huelga”, afectando la continuidad académica de sus alumnos, con argumentos políticos que nada tienen que ver con su oficio, como exigir al Gobierno un acuerdo con el ELN.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Javeriana enfocado en el impacto de los paros de maestros sobre el desempeño de los estudiantes. El documento expone que, en promedio, al año se presentan 72 días de paro de profesores, lo que equivale a 35% del tiempo de clase. De la misma forma, señala que entre los años 2000 y 2016, se registró una media de 28 paros por año.

Pero el estudio muestra una consecuencia del cese de actividades mucho más grave. Basado en datos del Icfes, encontró que los estudiantes que han estado expuestos a más días de paro obtienen menores resultados en las pruebas Saber 11.

Los paros son un mecanismo de presión que los docentes han usado para negarse a ser sometidos a evaluaciones y saber qué tan capacitados están. Y cada marcha, ha llevado a un sinfín de pretensiones que sólo han servido para frenar el desarrollo del país.

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Se sabe que uno de los grandes problemas que tenemos es que un amplio sector de la población en Colombia no tiene acceso a la educación, debido a la falta de recursos.

Por esto, en la propuesta de referendo presentada por el Centro Democrático, hay un capítulo orientado a lograr que el Estado garantice la gratuidad para los estudiantes de los estratos más bajos, con el fin de que accedan a la financiación necesaria que les permita entrar a instituciones educativas de la mejor calidad.

Según el nivel de ingresos, las familias podrán elegir si desean que sus hijos estudien en una institución pública, privada, mixta o solidaria; para ello, el Estado deberá ser el mayor financiador de la educación, subsidiando hasta en un 100% la enseñanza, incluso en instituciones privadas en cualquier lugar del país.

A Colombia le urge recuperar la educación básica y abrir un mejor camino para que los hijos de los más pobres, y sus padres, decidan a qué tipo de colegio quieren ir. Hay que romper el monopolio de Fecode que somete a millones de familias y las deja sin opción.

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