El desastre y tragedia que se desencadenan durante las temporadas invernales en Colombia no son nuevas. Cada año, vemos cómo las lluvias arrasan con viviendas, enseres, ganado e incluso con vidas humanas. Y, sin embargo, el país parece no haber aprendido a anticiparse. A pesar de que estos eventos se repiten con creciente frecuencia y severidad, seguimos sin contar con una estrategia nacional sólida de prevención, planificación territorial y gestión del riesgo.
Departamentos como Antioquia —con sus climas complejos y geografía accidentada— y el Chocó —golpeado por lluvias torrenciales casi todo el año— son ejemplos evidentes de esta realidad. Pero lo mismo ocurre en regiones como la Caribe, la Andina o la Pacífica, donde la pérdida de viviendas, animales, electrodomésticos y vidas humanas se repite con cada temporada de lluvias.
La pregunta central es inevitable: ¿hasta cuándo los sistemas de atención y gestión del riesgo, tanto regionales como nacionales, seguirán limitándose a reaccionar después de cada tragedia?
¿Por qué no hemos sido capaces de implementar un verdadero sistema de alerta temprana que articule a las secretarías de medio ambiente, al IDEAM, a las autoridades locales, a la cooperación internacional y a la academia, con tecnología e inteligencia estratégica?
No se trata de adivinar los caprichos de la naturaleza. Se trata de anticiparse dentro de lo posible. Porque en Colombia, donde el tejido social y económico es tan vulnerable —y donde la inseguridad sigue generando nuevos desplazamientos forzados—, muchas familias terminan asentándose en zonas de alto riesgo: riberas de ríos, cauces secos, laderas de montañas. Allí levantan cambuches, casas precarias, sin permisos ni estudios, apenas buscando sobrevivir. Y son siempre estas personas las más afectadas. Las primeras en perderlo todo. Las primeras en morir.
Hay, sin embargo, otra dimensión del problema: la tragedia de la negligencia y la corrupción institucional. El caso del municipio de Sabaneta, en Antioquia, es un símbolo de ello. Un territorio capturado durante años por mafias políticas que han convertido el urbanismo en un negocio particular: licencias de construcción otorgadas sin control, sin estudios de suelo, sin planeación vial, sin capacidad de evacuación. Basta sobrevolar el municipio o caminar por sus calles para entender que allí no hay ordenamiento territorial, sino una carrera por construir donde sea, como sea y a costa de lo que sea.
Entonces, el mensaje es claro: sí es posible evitar muertes y pérdidas materiales durante los inviernos. Pero se necesita voluntad, inteligencia institucional y acción decidida.
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