Un preocpante y relevante hecho se conoció en las últimas horas con la suspensión del soporte al helicóptero presidencial FAC 0008, confirmado por el fabricante Leonardo Helicopters. La compañía notificó oficialmente que no podrá realizar mantenimiento ni acompañamiento técnico hasta contar con un permiso especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida, explican, es obligatoria bajo la normativa que rige las transacciones con personas o entidades sujetas a sanciones estadounidenses.
La comunicación fue enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam, y está firmada por Alberto Herrera, gerente de Soporte al Cliente para Sudamérica. En la carta, la empresa asegura que la decisión es estrictamente regulatoria y no implica un cambio en su voluntad de cooperación con la FAC. Sin embargo, sí supone una pausa inmediata en todas las actividades relacionadas con la aeronave.
¿Qué implica la suspensión para el helicóptero presidencial?
El proceso se origina en la necesidad de obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoridad responsable de vigilar operaciones que puedan estar vinculadas a personas incluidas en listas restrictivas. En este caso, la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton obliga a la compañía a solicitar un permiso antes de continuar cualquier prestación de servicios. Hasta que la autorización sea concedida, el helicóptero presidencial permanecerá sin soporte técnico por parte del fabricante.
Leonardo Helicopters insistió en que ya inició los trámites internos y las comunicaciones con las autoridades estadounidenses, y señaló que, si se requieren documentos o aclaraciones adicionales, contactará directamente al equipo técnico de la FAC. El mensaje también agradece la paciencia institucional mientras avanza el proceso.
El helicóptero en cuestión, un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque por un valor de 12 millones de dólares, fue comprado con los recursos de la póliza del helicóptero presidencial accidentado en 2019. Su configuración VIP para hasta 12 pasajeros lo convirtió en una de las adquisiciones más cuestionadas en plena pandemia. En el debate político de 2020, el entonces senador Roy Barreras calificó la compra como un lujo innecesario, a lo que el Ejecutivo respondió que no se usaron recursos nuevos.
Más allá de la controversia, el helicóptero presidencial es uno de los equipos más costosos de operar dentro de la flota estatal. El mantenimiento anual puede superar los 5.000 millones de pesos y la hora de vuelo ronda los 11 millones. Por eso, una suspensión en el soporte técnico genera preocupación sobre la disponibilidad operativa de la aeronave
