El Hecho: El sector de telecomunicaciones en Colombia entra en una profunda reconfiguración tras la liquidación de Asomóvil y la propuesta del MinTIC para modificar los topes del espectro radioeléctrico.
¿Por qué es importante?: El cambio normativo busca acelerar la asignación de espectro mediante resolución ministerial, pero críticos advierten que reduce el control institucional y podría favorecer la concentración del mercado.
¿Cuál es el contexto?: Tras la fusión de Tigo y Movistar bajo Millicom, el mercado avanza hacia un duopolio práctico donde este nuevo gigante y Claro concentrarán cerca del 90% del negocio nacional.
¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta a los usuarios con presiones al alza en tarifas (la inflación del sector subió casi 3% en marzo) y a los operadores, quienes debaten sobre la compartición obligatoria de la infraestructura.
El dato que no se puede perder: La nueva hoja de ruta propone fijar topes máximos de espectro IMT en 65 MHz para bandas bajas, 140 MHz para bandas medias y 100 MHz para bandas medias altas.
El mapa de las telecomunicaciones en Colombia atraviesa su mayor reconfiguración en décadas. El reciente anuncio de liquidación de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), tras la decisión de sus propios integrantes (Claro, Movistar y Tigo UNE), es el síntoma definitivo de un mercado en plena metamorfosis. Detrás de este cierre se esconde una realidad insoslayable: la consolidación del sector.
La agresiva expansión de Millicom, que tomó el control de la participación de Telefónica (Movistar), de la Nación en Colombia Telecomunicaciones y de las acciones de EPM en Tigo UNE, unificará ambas operaciones. El resultado es un escenario que expertos ya tildan de duopolio práctico, donde este nuevo gigante y Claro concentrarán cerca del 90 % del mercado nacional.
Panorama general: Este remezón empresarial ya tocó el bolsillo de los colombianos. Según registros del Gobierno, la inflación de marzo reflejó un atípico incremento cercano al 3 % en un sector tradicionalmente deflacionario. El propio presidente Gustavo Petro atribuyó este repunte a una reacción inmediata a la fusión Tigo-Movistar, tildándola de «irregular y lesiva».
Aunque en abril las aguas parecieron volver a su cauce con una leve caída del -0,05 % en el sector de información y comunicación, el mercado se mueve rápido. Claro ya busca absorber la infraestructura de fibra óptica de Azteca Comunicaciones y Total Play para consolidarse en más de 900 municipios, mientras se anticipan movidas similares entre operadores de torres.
En medio de este revolcón, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) publicó para comentarios un borrador de decreto que encendió las alarmas. El documento plantea un cambio normativo profundo sobre el activo más estratégico del sector: el espectro radioeléctrico, la autopista invisible por la que viajan los datos y la telefonía móvil.
MinTIC cambiará los topes de espectro radioeléctrico en Colombia

La propuesta busca que los topes máximos de espectro puedan modificarse directamente a través de una resolución del MinTIC, y ya no mediante un decreto presidencial. Para algunos analistas y figuras políticas, esto introduce un mecanismo de asignación exprés (fast track) que debilita los contrapesos institucionales.
El congresista electo Mauricio Toro fue uno de los primeros en advertir el riesgo, pidiéndole al presidente Petro «poner la lupa» sobre la gestión de la ministra Carina Murcia: «La ministra pretende asumir poderes que hoy son presidenciales para aumentar los límites del espectro a su antojo… Lo que significa menos control y menos supervisión sobre un activo tan estratégico», señaló Toro, sugiriendo además que la medida terminaría beneficiando a Claro, el jugador con mayor músculo financiero.
La respuesta de la ministra Murcia no se hizo esperar, defendiendo la iniciativa como un paso necesario para la modernización del Estado: «Afirmar que este borrador elimina los controles o busca favorecer a un operador específico es incorrecto y desinforma. Lo único que propone es modernizar el mecanismo para responder con mayor agilidad a los cambios tecnológicos», replicó la alta funcionaria.
Sin embargo, Toro se ratificó en sus críticas, cuestionando la urgencia del Ministerio a pocas semanas de terminar el periodo de Gobierno y recordando que el operador dominante es el único con la caja suficiente para salir a comprar de forma masiva.
Por qué es importante: Desde la perspectiva técnica del Ministerio, el cambio es puramente metodológico. Gloria Perdomo, viceministra de Conectividad, defendió que la reglamentación por resolución busca que el proceso sea «más rápido y fácil para los operadores».
Perdomo enfatizó que los topes se siguen estructurando bajo análisis estrictos junto a la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). «La tecnología avanza rápido y los cambios por decreto nos hacen lentos», explicó, aclarando que las asignaciones seguirán requiriendo subastas públicas que toman entre seis meses y dos años.
No obstante, las experiencias recientes obligan a la cautela. Las últimas grandes asignaciones (4G en 2019 y 5G en 2023) tardaron años en estructurarse y, aun con minuciosos estudios de competencia, no resultaron del todo exitosas. Hoy, el operador WOM arrastra serios problemas financieros que lo obligaron a reestructurar sus pagos por las licencias, mientras que el entrante Telecall incumplió sus obligaciones tras la subasta de 5G. Las premesas de telemedicina y revolución logística siguen en el papel.
Para el expresidente de una importante compañía de telecomunicaciones, la verdadera discusión no es de forma, sino de fondo. A su juicio, legalmente la facultad puede trasladarse a resoluciones ministeriales, pero advierte que diluir el decreto afecta la seguridad jurídica:
«El punto de fondo es evitar que el espectro se use con una visión fiscalista para cubrir el déficit del fondo actual. El espectro en América Latina se ha encarecido más del 60 % en la última década. Un espectro a precios altos restringe la cobertura y presiona las tarifas de los usuarios», explicó el experto, coincidiendo con las recomendaciones de la OCDE de priorizar la «maximización del bienestar social» sobre el recaudo.
El borrador también abre la puerta a la «compartición de espectro», permitiendo que los operadores cedan el acceso a este recurso a proveedores menores o comunidades organizadas sin transferir la titularidad.

Detalles: Frente a esto, exdirectivos del sector miran la propuesta con escepticismo si se plantea de forma obligatoria. «Imponer una compartición obligatoria desnaturaliza el modelo, castiga la inversión realizada y se asemeja a una expropiación regulatoria», advierte el exejecutivo, quien propone en su lugar avanzar hacia un mercado secundario dinámico donde las empresas puedan arrendar o intercambiar bloques de espectro libremente.
Con todo, exmiembros de la CRC señalan que ante un mercado concentrado y con pocas opciones de nuevos competidores extranjeros, «el mercado no tiene cómo crecer si no entra nadie más, lo que justifica técnicamente que se suba el tope de espectro».
El MinTIC, buscando apaciguar las críticas y recibir más insumos de la industria, amplió el plazo para comentarios hasta el próximo 19 de mayo, tanto para el proyecto de decreto como para la resolución que fija los nuevos límites técnicos.
Bajo este nuevo panorama, la hoja de ruta propuesta por el Gobierno establece que el tope máximo de espectro radioeléctrico IMT se fijará en 65 MHz para las Bandas Bajas (menores a 1 GHz), 140 MHz para las Bandas Medias (entre 1 GHz y 3 GHz) y 100 MHz para las Bandas Medias Altas (entre 3 GHz y 6 GHz).
El debate queda abierto en un sector que define la conectividad del país para la próxima década. Entre la necesidad institucional de responder con velocidad a la tecnología y la obligación de garantizar transparencia para evitar monopolios, el Gobierno se juega una de sus cartas regulatorias más delicadas.
