La Contraloría General de la República advirtió que la implementación del acuerdo final de paz se lograría apenas en 26 años, teniendo en cuenta el lento ritmo actual de la aplicación de los recursos para el posconflicto.
Por: Redacción 360 Radio
De acuerdo con la entidad, durante el periodo 2017 – 2020 no se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
El ente de control manifestó que, aunque la ejecución de recursos presenta un notable crecimiento anual promedio de 5% desde que se firmó el acuerdo, hasta la fecha, “el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación”.
El ritmo anual registrado, con relación a la aplicación de recursos, es de $5,6 billones anuales, por lo que la implementación del acuerdo final por completo se daría hasta dentro de 26 años.
La Contraloría informó que la mayoría de los recursos se orientan al punto 1: reforma rural integral; y al punto 4: solución al problema de drogas.
Así ha sido la implementación anual:
2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones)
2018: $6,31 billones ($8,55 billones)
2020_ $6,53 billones ($8,3 billones)
2021: $5,67 billones (8,80 billones previstos)
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“Se evidencia riesgo de incumplimiento en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo”, dijo la Contraloría.
Uno de los principales obstáculos ha sido que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) tuvo barreras en el acceso a la información por parte de diferentes entidades del Estado, “argumentando suma reserva sobre la misma”.
En la actualidad, existen rezagos con relación a la actualización del Plan Marco de Implementación y la Interoperabilidad del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) con otros sistemas de información.
Además, hay inconvenientes en cuanto al cumplimiento de los acuerdos para los pueblos étnicos y omisión generalizada de la población LGBTI en las medidas.