Impuestos a empresas carboneras y petroleras tienen aires expropiatorios

Petroleras y carboneras se pronuncian ante el incremento de impuestos en la reforma tributaria de Petro, ACP realiza urgente comunicado y Fedesarrollo hace análisis.

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El sector petrolero y carbonero en Colombia enfrenta un nuevo reto fiscal con la propuesta de ‘Ley de financiamiento’ presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Este proyecto incluye un aumento significativo en la sobretasa del impuesto de renta para las empresas de petróleo y gas.

Impacto de la reforma tributaria en petroleras y carboneras colombianas

La reforma tributaria o Ley de financiamiento, propone incrementar la sobretasa del impuesto de renta en 5 punos porcentuales lo que generaría un total del 15% al 20% cuando el precio promedio del petróleo Brent supere el percentil 60 de los últimos 120 meses.

Este ajuste se aplicó a las empresas con una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT (aproximadamente $2.353.250 millones). Con este cambio, la tasa efectiva de impuesto de renta para las empresas petroleras podría alcanzar hasta el 55%, un porcentaje que supera significativamente el 30% promedio de otros sectores económicos en el país.

Cabe recordar que estas empresas continúan cumpliendo con otras obligaciones financieras como regalías, derechos económicos, contribuciones sociales y ambientales.

Preocupaciones del sector

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su profunda preocupación por la reciente ponencia positiva de la Ley de Financiamiento, que actualmente está en trámite en el Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa, según la ACM, podría tener graves repercusiones para la industria del carbón en el país, poniendo en riesgo la viabilidad del sector y afectando de manera directa a miles de empleos y comunidades dependientes de esta actividad.

La propuesta contempla un incremento de la sobretasa sobre la renta de la industria del carbón, lo que llevaría la tarifa impositiva total a un 55%, una cifra considerablemente más alta que el promedio global.

En los 10 países principales productores de carbón, la tarifa de renta promedio es de solo un 26%. Esta disparidad, según los expertos, haría inviables las operaciones mineras en Colombia, especialmente cuando se tienen en cuenta las elevadas regalías y los altos costos de producción post-pandemia. La combinación de estos factores erosionaría la rentabilidad de las inversiones y dificultaría la competitividad del sector.

Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la implementación de una sobretasa que también sería aplicable en situaciones de precios bajos del carbón, lo que transformaría la medida en una carga prácticamente permanente para las empresas.

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De acuerdo con la ACM, los precios internacionales del carbón no reflejan con precisión las condiciones del mercado colombiano, lo que hace que esta medida sea aún más perjudicial para la industria local.

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, cuestionó las intenciones del Gobierno Nacional, preguntándose si realmente busca marchitar la industria del carbón, un motor fundamental para las finanzas públicas del país. “El Gobierno debe aclarar si su objetivo es destruir el sector, poniendo en riesgo miles de empleos y los recursos que aportan las regalías para los territorios”, afirmó Nariño.

A su juicio, es esencial que el Gobierno presente un plan claro para reemplazar estos ingresos en las regiones productoras, ya que no existen alternativas inmediatas que puedan sustituir los recursos generados por el carbón.

 

El carbón sigue siendo una de las principales fuentes de empleo y de ingresos fiscales en Colombia. En 2023, la industria del carbón generó más de 13,2 billones de pesos en impuestos y regalías, recursos que son vitales para el desarrollo de los municipios mineros y portuarios. Además, el sector del carbón mantiene más de 50.000 empleos directos y cerca de 250.000 indirectos, lo que resalta la importancia del sector para la estabilidad económica de varias regiones del país.

En este contexto, Nariño hizo un llamado al Congreso de la República para que revise a fondo la Ley de Financiamiento, argumentando que la decisión de aumentar los impuestos a la industria del carbón podría comprometer los ingresos de los próximos gobiernos municipales y departamentales.

Finalmente, Nariño recordó que, en el contexto de la reciente aprobación del presupuesto de regalías para el bienio, el carbón sigue siendo una fuente esencial de recursos para las regiones productoras. “Las regiones no pueden perder la principal fuente de inversión para sus proyectos de desarrollo”, subrayó, destacando que Colombia cuenta con vastas reservas de carbón que podrían aprovecharse de manera sostenible durante muchos años.

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En horas de la mañana del martes, la ACP también se pronunció asegurando que sta medida podría poner en peligro el futuro energético y económico de Colombia, afectando no solo a la industria de hidrocarburos, sino también a la estabilidad económica del país.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP, subrayó que la industria del petróleo y gas ya enfrenta una presión fiscal significativa, con una tasa efectiva de renta del 50%. Este nuevo aumento no solo afecta la competitividad del sector, sino que también amenaza la sostenibilidad de proyectos actuales y futuros. Según Pearl, las inversiones exploratorias ya han caído un 57% desde la reforma de 2022, una tendencia que podría llevar al fin de la actividad exploratoria para 2030 si no se corrige el rumbo.

El Gobierno defiende que este ajuste fiscal permitirá generar recursos necesarios para la diversificación económica y fortalecer el gasto social. De hecho, la propuesta se alinea con medidas implementadas en otros países durante momentos de ganancias extraordinarias en el sector.

Impuestos a carboneras y petroleas es expropiatorio
Foto: Redes

Sin embargo, los críticos advierten que el aumento de impuestos podría ahuyentar inversiones extranjeras en exploración y producción, en un momento en que Colombia busca mantener su autosuficiencia energética.

Según datos del sector, las inversiones exploratorias han disminuido en los últimos años, y un incremento en la carga fiscal podría agravar esta tendencia. Adicionalmente, la industria teme que estas medidas aceleren el agotamiento de las reservas actuales sin garantizar fuentes alternativas de energía a largo plazo.

Mientras el Congreso debate la reforma, el sector petrolero enfrenta un panorama de incertidumbre. Aunque las medidas buscan incrementar los ingresos fiscales y promover la transición hacia energías renovables, también podrían impactar negativamente en la competitividad del país y en su capacidad para atraer inversiones.

Impuestos a carboneras y petroleas es expropiatorio
Foto: Redes

Con el equilibrio económico y energético de Colombia en juego, las próximas semanas serán decisivas para determinar si el proyecto logra un balance entre las necesidades fiscales del Gobierno y la sostenibilidad del sector minero-energético.

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