El país recibió con sorpresa la derogación del decreto que instruía a la Policía Nacional para decomisar a los jibaros en Colombia. Esos que han llenado por mucho tiempo las plazas, parques y los establecimientos de droga. Ese decreto lo que permitía un proceso policial para combatir el microtráfico en espacios públicos y prohibía entregar, distribuir y comercializar estas sustancias.
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Este Gobierno ha derogado este articulo y le quita otra herramienta a la Policía dejándolos con menos capacidad de reacción, y peor aún, permitiendo que las calles se terminen inundar de estas sustancias. La reacción del Gobierno es muy básica, no tienen una capacidad argumentativa y parece más una decisión de carácter político.
Se ha dicho que el decreto permitía que se tratara como criminales a las personas que consumen estas sustancias. Simplemente dicen que quieren cambiar el enfoque punitivo para que las familias acompañen y desde el amor les digan a sus niños cómo y dónde consumir drogas, así lo manifestó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Este jefe de cartera se ha dedicado a plantear unas propuestas bastantes antiinstitucionales y que siempre van del lado al sector de la delincuencia. Fue el mismo que habló de la justicia restaurativa en los robos, la cual se trataba de no llevar a los ladrones a la cárcel, sino que pagar el celular que se robó y con eso quedaba en libertad.
Ahora esta nueva propuesta por parte de Osuna es un insulto para millones de familias en Colombia. ¿Cuántas personas bajo efectos de la droga no han cometido actos terríficos que han cobrado vidas? Lo más irónico de todo esto y lo que no se entiende es que le quieren dar corte a una medida libertaria para que la gente no se sienta perseguida, pero al mismo tiempo este Gobierno acaba de aplicarle un nuevo impuesto a la comida porque no quiere que las personas se enfermen por comer un salchichón con gaseosa. Lo que quiere decir que para la actual presidencia es más dañino comer que consumir sustancias psicoactivas.
Mandatarios de Colombia rechazaron el decreto que permite a las personas transitar en las calles con la dosis mínima
Esto atrae una confrontación política como era de esperarse. El presidente Gustavo Petro se ha enfrentado con varios mandatarios locales, sobre todo con los de Antioquia, a quién les dijo que no leían o se hacen los… omitió decir la palabra. Todos leen y desde este medio de comunicación sabemos de que se trata el decreto, y lo que está haciendo el jefe de Estado es permitirles a las estructuras al margen de la ley inundar sin ningún inconveniente las calles de droga, sin que la policía pueda hacer algo.
Por más que este Gobierno quiera tratar de darle una fuerza de media libertaria, no tienen el crédito moral y ético de hacerlo y más después de aumentar los impuestos de la comida.
El problema de la droga en Colombia es muy grave. Pasamos de ser un país productor a consumidor. Queremos resaltar, defender y apoya las posiciones de varios mandatarios como las de Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia, quien sostuvo que no permitirá que las familias antioqueñas queden a merced de los vendedores de drogas que se esconden debajo de la dosis minina.
Federico Gutiérrez le pidió a Petro que reconsidere esta medida. En el último intercambio de mensajes, “Fico” le mencionó que los padres de Colombia no quieren ver espacios públicos tomados por la delincuencia y las drogas.
Ha sido una constante avalancha de mensajes que se han registrado en contra de esta medida. Como medio de comunicación creemos que esta iniciativa es inconveniente y una decisión equivocada, pues solo beneficia a las estructuras delincuenciales.
Ahora bien, el presidente tiene razón en algo. El narcotráfico no se acaba con esto. Hoy esa responsabilidad de combatirlo cae en las manos del mandatario colombiano. Que bueno sería que el Gobierno, que está sentado con las principales estructurales del país, a ver como desmontan el negocio del narcotráfico. Queda la duda si la decisión se tomó por esas negociaciones que se llevan actualmente con estos grupos al margen de la ley.
Por el bien de las familias esta decisión debería reconsideras. Sabemos que no va a suceder. Y esto pone otra lanza en el cuello cerca de la humanidad de las personas al darle vida libre al microtráfico en las calles de Colombia.
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