Informes de progreso y retroceso

Hace falta que alguien ejerza suficiente autoridad moral para que condene estos desmanes.


Por: Rudolf Hommes

La semana pasada, en esta columna afirmé que el rasgo más común que conecta los asesinatos de líderes sociales es que no se han encontrado los culpables, y que hace falta una acción decidida de la Fiscalía para investigarlos con suficiente diligencia. El fiscal Néstor Humberto Martínez respondió que la Fiscalía ha identificado al 50 por ciento de los autores de crímenes contra defensores en el 2016-2017 y sostiene que esto es algo inédito en Colombia y a nivel mundial. Dice además que la Unidad contra el Crimen Organizado está funcionando muy bien y que esto lo ha reconocido la Comisión de Garantías del Posconflicto.

La semana pasada, la Fiscalía estableció los responsables de las muertes de los dos reinsertados en Peque, los asesinos de Ituango, la desaparición de otros cuatro excombatientes de las Farc en Nariño y los asesinatos de líderes de tierras en el Urabá, a la misma velocidad que los casos de Rosales.

El procurador Fernando Carrillo también respondió que desde que llegó a la entidad le ha dado prioridad a garantizar los derechos de las víctimas, y la Procuraduría ha estado muy activa en la protección de los líderes amenazados. Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, se expresó en el mismo sentido. Ya ha hecho una advertencia en el informe de riesgo 10-17 y prepara una alerta temprana. Él comparte las preocupaciones consignadas en mi artículo. Es importante conocer esta información y las opiniones expresadas.

El Procurador dice que la Procuraduría ha repudiado los asesinatos y ha rechazado las declaraciones oficiales que señalan esa sistemática ola de crímenes como resultado de asuntos personales. El Fiscal recuerda, adicionalmente, que hace más de un año indicó, “primero en Nariño y luego en Antioquia, que la Fiscalía advertía en los territorios de consolidación un vacío de Estado que generaría las dinámicas del crimen que estamos viendo frente al accionar de los crecientes grupos de organizaciones criminales… en especial por el tema de los cultivos ilícitos”.

Se queja de que se ha tardado en recoger esta voz de alerta. Advierte que “cuando se habla de Estado no nos referimos solamente a las fuerzas del orden: se necesita que a los territorios se los provea de bienes públicos y servicios estatales de los que allí se ha carecido por décadas”.

He preguntado varias veces por qué después de que las Farc devolvieron los territorios que habían controlado, el Gobierno y la Fuerza Pública no hicieron lo que recomienda el Fiscal. Parece que la operación que adelantan la Policía Nacional y el Ejército en Nariño y Cauca tiene ese objetivo. No se entiende, sin embargo, por qué demoraron más de un año en tomar esa decisión y por qué no se hace esto mismo en el Chocó, en el Carare o en Ituango, que es un corredor del narcotráfico.

Otro factor que puede inducir mayores niveles de violencia y podría amplificar la ola de asesinatos de líderes sociales ha sido el de los incidentes de agresión contra miembros de las Farc que han hecho campaña en Quindío, Caquetá, Cali y Yumbo, por ejemplo, que, al parecer, han sido incitados por provocadores provenientes de partidos opuestos al desarrollo de los acuerdos de paz. Lo que hace más graves estas conductas ha sido la alegría que han suscitado en los mismos círculos de donde provienen las provocaciones y en otros sectores de la población que han perdido el norte.

Hace falta en este momento que alguien ejerza suficiente autoridad moral para que condene estos desmanes y convoque a la opinión pública a rechazarlas. El problema no es la polarización, sino las pasiones y las ambiciones que la inducen. Es triste que el mensaje de concordia que trajo el Papa haya sido acallado por el odio y el oportunismo irresponsable.