La inseguridad que se vive en las ciudades y zonas rurales del país, junto con la crisis del sistema de salud y el impacto social del narcotráfico, marcaron el tono del primer gran debate presidencial con los aspirantes de la Gran Consulta por Colombia.
El espacio, organizado por una alianza entre EL TIEMPO, RCN Noticias, Citytv y LA FM, se convirtió en un escenario donde las preguntas ciudadanas guiaron la discusión y evidenciaron el malestar generalizado que hoy sienten millones de colombianos.
Qué harán los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia en seguridad y materia social
Desde el inicio, el debate dejó claro que la seguridad es una de las mayores angustias nacionales. Comerciantes, campesinos y habitantes de barrios populares expusieron, a través de redes sociales, su cansancio frente a la extorsión, el control territorial de bandas criminales y la falta de respuestas efectivas del Estado.
Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y el eje cafetero fueron algunos de los territorios mencionados como ejemplo de una crisis que se repite en todo el país.
En ese contexto, varios candidatos coincidieron en la necesidad de recuperar la autoridad del Estado y fortalecer la Fuerza Pública, aunque con enfoques distintos. Algunas propuestas apuntaron a reactivar bloques de búsqueda contra estructuras criminales, reforzar el control de las cárceles desde donde, según se expuso, se origina buena parte de las extorsiones y mejorar la capacidad de inteligencia con tecnología avanzada.
Otros aspirantes insistieron en que la seguridad no puede reducirse únicamente al uso de la fuerza, sino que debe ir acompañada de inversión social, oportunidades económicas y presencia integral del Estado en los territorios.
El debate también puso sobre la mesa la relación entre Colombia y Venezuela, especialmente en las zonas de frontera. Los candidatos resaltaron la necesidad de proteger a las comunidades fronterizas, duramente golpeadas por la extorsión y el contrabando, y advirtieron que el cierre de pasos oficiales suele favorecer a las economías ilegales.
La cooperación internacional y la recuperación de la confianza con agencias de inteligencia extranjeras fueron señaladas como claves para enfrentar el crimen transnacional.
Otro de los ejes centrales fue el narcotráfico, identificado por varios aspirantes como el “origen” de múltiples delitos, desde el microtráfico hasta la violencia urbana y rural. En este punto, surgieron propuestas como un “Plan Colombia 2.0”, el fortalecimiento de la erradicación y la persecución financiera de las organizaciones criminales, así como programas productivos para las comunidades que hoy dependen de economías ilegales.
La salud ocupó un lugar destacado en el segundo bloque del debate. Ciudadanos denunciaron demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas y el deterioro general del sistema. Los candidatos coincidieron en que se trata de un problema de dignidad humana y plantearon planes de choque para garantizar la entrega de medicamentos, el pago de deudas del sector y una mayor vigilancia al uso de los recursos.
Mientras algunos defendieron la permanencia de las EPS con mayores controles y auditorías, otros criticaron duramente los intentos de estatización y alertaron sobre el aumento de muertes evitables.
Los temas sociales también tuvieron protagonismo. La niñez, los adultos mayores, las madres cabeza de hogar y los jóvenes sin oportunidades fueron mencionados de forma recurrente. Se discutieron propuestas que van desde subsidios focalizados y fortalecimiento de los centros de desarrollo infantil, hasta créditos educativos, programas de formación para el trabajo y apoyo al emprendimiento.
En educación, el Icetex y el acceso a estudios superiores volvieron a aparecer como una preocupación central para las nuevas generaciones.
El debate cerró con un llamado a la participación ciudadana y a evaluar el desempeño de los candidatos, destacando la alta interacción en plataformas digitales y la masiva respuesta del público. Más allá de las diferencias ideológicas, el encuentro dejó en evidencia un consenso: Colombia atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, salud y cohesión social, y la ciudadanía exige respuestas concretas, viables y sostenibles de quienes aspiran a gobernar el país.
