El más reciente estudio «Survey of Mining Companies 2023» del Fraser Institute, arrojó resultados preocupantes para Colombia al ubicarlo entre los últimos puestos de países atractivos para la inversión minera en la región.
Este estudio tuvo una encuesta Anual de Empresas Mineras del Instituto Fraser y se envió a aproximadamente 2.045 exploraciones, desarrollo y otras empresas relacionadas con la minería en todo el mundo.
Entre los países más atractivos para la inversión minera están Utah y Nevada en USA, Saskatchewan y Quebec en Canadá, y Western Australia en Australia, mientras que las 10 jurisdicciones menos atractivas para la inversión según las clasificaciones del PPI (comenzando con los peores) son Argentina: La Rioja, China, Nigeria, Colombia, Mongolia, India, Mozambique, Filipinas, Zimbabwe y República Democrática del Congo (RDC).
La inversión minera en Colombia no es la mejor
Este año, de todas las regiones, América Latina y la Cuenca del Caribe experimentó la mayor caída en su puntaje medio de atractivo de inversión minera. Disminuyó casi 20 puntos y la región se ha convertido en la segunda región menos atractiva para la inversión minera a nivel mundial.
La región también experimentó una disminución de 5,62 puntos en su puntaje de percepción de políticas a partir de 2022. Sólo en materia de políticas, Brasil (43.º) y Chile (49.º) son las jurisdicciones más atractivas del mundo, mientras que Colombia cayó en el ranking y este año es la menos jurisdicción atractiva para la inversión en América Latina.
De hecho, Colombia es el cuarto país jurisdicción menos atractiva para la inversión en el mundo, ocupando el puesto 83 de 86.
En el índice general de años anteriores el ránking de Colombia era en 2022 (49/62), en 2021 (48/84), en 2020 (44/77), en 2019 (44/76) y en 2018 (37/83). Mientras que en 2023 fue preocupante ocupando el puesto 71/86.
Uno de los argumentos entregados es que por primera vez, sólo en materia de políticas, Colombia se encuentra entre los cinco últimos países menos atractivos. El país experimentó uno de los puntajes más altos y cae en el índice de políticas (-15,72 puntos) y este año ocupa el puesto 83 (de 86) en el IPP.
Todos los encuestados de Colombia (100 por ciento) mostraron preocupación por la situación política del país, además el 95% de los encuestados señaló estar preocupado por el sistema legal de Colombia, y el 89% estaba preocupado por la seguridad del país. Los encuestados también expresaron una mayor preocupación por la calidad de su base de datos geológica (+31 puntos), su trabajo normativa (+28 puntos), y su régimen fiscal (+26 puntos).
Lo que ha dicho el Gobierno
Las políticas del gobierno de Gustavo Petro, enfocadas en la transición energética y la protección ambiental, comienzan a tener un impacto significativo en el sector minero de Colombia y por ende en cambios de la perspectiva de inversión minera.
El presidente Petro ha manifestado en varias ocasiones su intención de reducir la dependencia del país en la explotación de combustibles fósiles y promover fuentes de energía más limpias. Esta transición podría traducirse en una disminución en la inversión en proyectos mineros, especialmente aquellos relacionados con el carbón y otros minerales que son críticos para la industria energética tradicional.
Además, el énfasis de Petro en la justicia social y la equidad implica que las comunidades locales y las poblaciones indígenas tendrán un mayor protagonismo en las decisiones sobre proyectos mineros en sus territorios. Las políticas que buscan aumentar la participación comunitaria y garantizar un reparto más equitativo de los beneficios pueden generar mayores costos operativos y tiempos de desarrollo más largos para las empresas mineras.
Si bien estas medidas buscan mitigar los impactos negativos de la minería y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas, podrían resultar en una mayor resistencia y retos adicionales para la aprobación de nuevos proyectos mineros.
Finalmente, la postura de Petro en relación con la sostenibilidad ambiental podría llevar a la implementación de regulaciones más estrictas sobre la explotación y la inversión minera. Esto incluye mayores controles y restricciones sobre la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas que dañan el medio ambiente, como el mercurio en la minería de oro.
Estas políticas podrían mejorar los estándares ambientales y reducir la degradación ecológica, pero también podrían aumentar los costos operativos y reducir la competitividad del sector minero colombiano a nivel global. En resumen, las políticas del gobierno de Gustavo Petro, aunque alineadas con una visión de desarrollo sostenible y justicia social, presentan desafíos significativos para el sector minero, requiriendo una adaptación considerable por parte de las empresas mineras para otperar en este nuevo entorno regulatorio.
Lea también: Las 10 capitales con mayor costo de vida en América Latina