¿Inversión o Capitalización?

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Por: Amylkar D. Acosta M

Se ha afirmado reiteradamente que de no poderse concretar la venta del 57.6% de la participación accionaria de la Nación en ISAGEN se pondría en riesgo la modernización de la infraestructura vial del país, porque los $5.3 billones que se aspira recibir por la venta se invertirían en las llamadas 4G. Aduce el Ministro de Hacienda que “los recursos de ISAGEN son necesarios para los grandes proyectos de infraestructura, que generarán miles de empleos que nuestros compatriotas están pidiendo”. Además, se ha dicho que de lo que se trata es de “cambiar un activo por otro” supuestamente más rentable

Y para disipar cualquier duda se llama la atención sobre el hecho que “en el pasado ha habido muchas privatizaciones que han financiado al Gobierno. En este caso nosotros queremos es convertir un activo en otro, movilizando un activo y unos dividendos hacia el sector de la infraestructura se genera valor y muchos empleos”. Es lo mismo que sostiene Juan Martín Caicedo, Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura: “vender ISAGEN significaría cambiar un activo importante por uno aún más importante: generación de energía por modernidad en infraestructura vial”.

Dicho planteamiento entraña una falacia, porque no es que los $5.3 billones o más que se reciban por la venta de ISAGEN el Estado procederá a invertirlos en las 4G que el país reclama a gritos. La verdad monda y lironda es que tales recursos tendrán por destinación la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional de la cual son socios, además de la Nación, la Corporación Andina de Fomento, la International Finance Corporation del Banco Mundial y el Sumitomo Bank del Japón.

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Y qué se busca con esta capitalización de la FDN? Pues que mediante el aumento de su patrimonio ella pueda tener un mayor músculo financiero para jalonar recursos de crédito y depósitos, sirviendo de puente, para apalancar financieramente a los privados que resulten favorecidos con las concesiones y de esta manera puedan lograr el cierre financiero de sus proyectos para que se puedan ejecutar. Recursos estos que, como lo afirma la Contraloría General de la República, “serían otorgados a los inversionistas privados (léase concesionarios) con unas condiciones de crédito flexible”, además de advertir el riesgo de cambiar “un activo productivo” por otro “que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar”. Y, de contera, las vías que se construyan bajo este esquema no serán activos de la Nación sino de los concesionarios y estos recuperarán su inversión por la vía del cobro de peajes que tendremos que pagar todos los colombianos para poder transitar por ellas.

El Presidente de la FDN Clemente Del Valle sostiene a favor de esta operación que mientras la Nación en su calidad de accionista de la misma podrá recibir una rentabilidad que oscila entre el 16% y el 18%, la que hoy recibe por cuenta de su participación accionaria en ISAGEN a duras penas tiene un retorno del 8.5%. Claro que este cálculo tal vez lo hicieron antes de la entrada en operación de la central de Hidrosogamoso en diciembre del año anterior, que muy seguramente la habrá valorizado. Se insiste en que “lo que ganará el país con esta privatización es muy superior a las utilidades que genera ISAGEN”.

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A juicio del Ministerio de Hacienda “se necesitaría esperar 40 años para que las utilidades de ISAGEN generaran los recursos que hoy demanda la infraestructura del país”. Pero, acaso los $5.3 billones que se espera recibir por su venta serán suficientes para proporcionar “los recursos que hoy demanda la infraestructura del país”? En este punto cabe destacar que la rentabilidad financiera no lo es todo, que debe sopesarse también la importancia de la seguridad energética del país, amén de que a estas alturas no es dable pensar en un Estado rentista. De imponerse este, dentro de poco se estaría evaluando si la rentabilidad de ECOPETROL se puede equiparar con la que se obtendría con su venta colocando los recursos así obtenidos en la FDN y así quedaría allanado el camino para su privatización, desestimando el carácter estratégico que también tiene este activo del Estado.

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