La Sociedad Portuaria de Buenaventura se ha visto envuelta en diferentes polémicas, no solo por las pujas entre sus trabajadores, sino que esta vez, las investigaciones administrativas y un nuevo nombramiento tienen en conflicto a la junta directiva y a sus accionistas minoritarios.
Por: Redacción 360 Radio
El reciente nombramiento de Juan Gabriel Gordillo como nuevo gerente jurídico de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, ha desatado un conflicto no solo en el entorno de la junta directiva, sino también en sus accionistas minoritarios. Esto debido a que el Sr. Gordillo, por más de 10 años se desempeñó como director jurídico y oficial de cumplimiento de Harinera Del Valle, compañía que actualmente es la mayor accionista de la SPRBUN.
Este hecho abre nuevamente un debate sobre el gobierno corporativo y las buenas prácticas al interior de la SPRBUN. Distintos accionistas han venido advirtiendo sobre la intromisión que tienen algunos de los grupos económicos con mayor participación accionaria en la Sociedad, en la designación de directivos claves para la Compañía, como ha ocurrido con el nombramiento de Claudio Mústico y Gustavo Flórez, gerentes de operaciones y de estrategia e innovación respectivamente, cercanos ambos al Grupo Parody.
Los accionistas minoritarios han expresado que no es un buen procedimiento el que se está llevando a cabo en la corporación, pues, que un accionista mayoritario incida directamente en un área tan importante como lo es la jurídica, no es lo correcto y más aún cuando existen conflictos internos tan fuertes dentro de la SPRBUN.
Con el nombramiento de Juan Gabriel Gordillo como gerente jurídico, se confirma que los accionistas tienen injerencia directa en la administración y se pone en duda las buenas prácticas de gobierno corporativo que deben imperar en compañías cómo esta. Siendo evidente que un funcionario que ha estado vinculado a otra compañía, durante tal número de años, podrá tener sesgado su criterio estando en conflicto al momento de tomar decisiones generales que riñan con intereses particulares
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Además de lo anterior, otros dos sucesos administrativos, ponen en el ojo del huracán a la SPRBUN.
En el mes de agosto del presente año, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mediante la Resolución N°2661, abrió una nueva investigación y formuló pliego de cargos en contra de la SPRBUN, por presuntamente haber incumplido las tres siguientes obligaciones en el Terminal Marítimo de Buenaventura.
1: Garantizar la continuidad y regularidad en la prestación de los servicios las veinticuatro (24) horas del día –todos los días del año– de acuerdo con la demanda de los servicios.
2: Velar por la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan en las instalaciones portuarias.
3: La obligación de asegurar la debida prestación de servicios al interior de las instalaciones del terminal.
Al incumplir presuntamente lo anterior, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mediante Resolución 9252 del 13 de octubre de 2022, resolvió reconocer como terceros intervinientes a 23 personas jurídicas.
Por último y no menos grave, han denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, por prácticas comerciales restrictivas a la competencia.
Así las cosas, la SIC abrió un expediente relacionado con un sinnúmero de quejas interpuestas en contra de SPRBUN, por considerar que esta habría abusado de su posición de dominio en el mercado, para lo cual la Delegatura de Protección de la Competencia publicó la Resolución N.º 44516 por medio de la cual abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y algunos de sus antiguos funcionarios.
En dicha Resolución, la SIC evidenció claros indicios de que esa compañía ha implementado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en el Puerto de Buenaventura, reafirmando la existencia de una estructura de interposición societaria que le ha servido a la SPRBUN, para burlar presuntamente las restricciones a las que se encuentra sujeta con base en la prohibición contenida en el numeral 12.19 del contrato de concesión portuaria, entre otros. Conforme a ello, mediante Resolución 65421 del 22 de septiembre de 2022 la SIC resuelve reconocer la calidad de terceros interesados a cerca de 22 personas jurídicas.
Recordemos que para el año 2021, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) fue multada por el Ministerio de Trabajo después de un largo proceso con sus trabajadores, teniendo que pagar más de 400 millones de pesos. Para noviembre del 2021, la Superintendencia de Transporte le impuso de nuevo una multa por 9.400 millones de pesos, pues la Sociedad debió adoptar el sistema operativo Navis-N4 para regular la totalidad de ingresos en el principal puerto marítimo de Colombia desde marzo de 2018, pero no se hizo.