Iván Cepeda anuncia denuncia contra Abelardo De la Espriella ante la Corte Penal Internacional

La denuncia penal argumenta un presunto incremento patrimonial injustificado derivado de supuestas actividades en complicidad con grupos armados ilegales.

Foto: Redes sociales

El Hecho: El candidato presidencial Iván Cepeda anunció una ofensiva jurídica nacional e internacional en La Haya contra su rival de derecha, Abelardo De la Espriella.

¿Por qué es importante?: La denuncia introduce una severa confrontación legal que busca fulminar la credibilidad de De la Espriella a pocos días de que se defina la presidencia.

¿Cuál es el contexto?: Se presenta a solo 10 días de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, en medio de una alta tensión política por la suspensión de aforados.

¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta directamente a las campañas en contienda y a los votantes, alterando el debate a través de cargos penales de concierto para delinquir y financiación del terrorismo.

El dato que no se puede perder: La acusación penal escala a la Corte Penal Internacional (CPI) a escasos días de la votación definitiva que marcará el rumbo del país.

La campaña presidencial en Colombia ha abandonado definitivamente el escenario de las plazas públicas y el debate de propuestas para adentrarse en un peligroso terreno de confrontación judicial de alcance global. A apenas diez días de que el país defina su rumbo en las urnas, en la crucial segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio de 2026, el candidato de izquierda Iván Cepeda ha sacudido los cimientos de la contienda al anunciar una ofensiva jurídica de proporciones mayúsculas contra su rival, el abogado y candidato de derecha Abelardo De la Espriella.

La estrategia de Cepeda no se limitará a los canales institucionales domésticos. Según confirmó el propio aspirante a la prensa, la denuncia no solo se radicará formalmente ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, sino que escalará de manera inmediata a la jurisdicción internacional en La Haya, ante la Corte Penal Internacional (CPI). El eje central de la acusación apunta a un expediente de extrema gravedad: el presunto respaldo y financiación económica de De la Espriella a estructuras paramilitares.

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La campaña de Cepeda destapó sus cartas mediante un video oficial en el que desglosa con rigor técnico los delitos que sustentarán el caso, todos ellos tipificados con severidad en el Código Penal colombiano:

  • Concierto para delinquir agravado (Artículo 340): Enfocado en señalar un presunto acuerdo de voluntades permanente para cometer crímenes en complicidad con organizaciones armadas ilegales.

  • Financiación del terrorismo (Artículo 345): Dirigido a castigar el supuesto desvío, canalización o provisión de recursos económicos destinados a sostener el aparato de grupos al margen de la ley.

  • Enriquecimiento ilícito (Artículo 327): Un cargo que cuestiona el origen de los bienes del candidato de derecha, argumentando un presunto incremento patrimonial injustificado derivado de las citadas actividades ilícitas.

“Es la primera de varias acciones de carácter penal que haremos en contra de Abelardo De la Espriella”, advirtió un Cepeda tajante ante los medios de comunicación, en una declaración que muchos analistas interpretan como un punto de no retorno en la historia electoral reciente del país.

Por qué es importante: Esta agresiva jugada jurídica llega en el momento de mayor vulnerabilidad y expectativa del calendario electoral. De la Espriella lidera actualmente los principales estudios de intención de voto a nivel nacional, consolidando una ventaja competitiva gracias a un fortísimo respaldo en regiones estratégicas como el Caribe colombiano.

Ante este panorama, la movilización legal de la campaña de Cepeda es vista por expertos políticos como un intento desesperado y de alta costura por socavar la elegibilidad y fulminar la credibilidad de su oponente en el tramo final de la carrera hacia la Casa de Nariño.

El anuncio de Cepeda no es un hecho aislado, sino la cúspide de una semana marcada por una preocupante degradación del debate político. La tensión institucional ya venía en aumento tras la reciente y fulminante decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente al congresista oficialista Agmeth Escaf, luego de que este profiriera graves insultos públicos en contra de De la Espriella.

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