La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, ordenó fortalecer las medidas para proteger la vida e integridad de los excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz.
Por: Redacción 360 Radio
La decisión se tomó con base en la “grave condición de seguridad” de los firmantes en diferentes regiones del país. Por medio de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirmó que deben garantizar la vida y seguridad de los exguerrilleros de las Farc con el objetivo de proteger el derecho de las víctimas a obtener verdad sobre los hechos del conflicto armado.
El tribunal especial de paz pidió a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que presenten un informe sobre las medidas tomadas para proteger la vida de los firmantes.
De acuerdo con la JEP, existen registros de amenazas en contra de la vida y bienes de los firmantes, además de extorsiones, intimidaciones, estigmatizaciones, atentados, seguimientos, entre otros.
Ante las presiones, diferentes familias se han visto obligadas a abandonar el Espacio territorial de Capacitación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), por lo que quedan expertos a una grave situación de vulnerabilidad que pone en riesgo su dignidad humana.
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La JEP pidió que se tomen medidas efectivas para protección especial de sus derechos a la vida, salud, integridad, seguridad personal, educación. Vivienda digna y acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.
En el documento también precisaron en que en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los firmantes del Acuerdo de Paz que están en proceso de reincorporación y sus familias.
El Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia deberán informar sobre las actuaciones realizadas para lograr reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización en todo el territorio nacional.
Las solicitudes hacen parte del cumplimiento de las medidas cautelares colectivas que tienen como objetivo proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP.