Juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes fueron imputados por la Fiscalía como presuntos líderes del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal, explicó que la falta de cargos públicos actuales de los implicados no elimina el riesgo que representan, “pues la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendía el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros”.
Exministros Bonilla y Velasco enviados a prisión por presunta corrupción en la UNGRD por un juez
Rosero señaló que, aunque se solicitó prisión domiciliaria, la decisión no se basó únicamente en la movilidad física de los exfuncionarios. “El riesgo depende de la capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública. La medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional para los imputados”, dijo la magistrada.
Hace algunas semanas, la fiscal María Cristina Patiño imputó a Bonilla y Velasco por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los dos aceptó los cargos y rechazó los señalamientos de la Fiscalía. Los abogados defensores han alegado supuestas falencias en la investigación, argumentos que fueron evaluados por el Tribunal.
Durante la audiencia, Rosero destacó que los exministros no habrían actuado de manera aislada. Según la magistrada, Bonilla y Velasco habrían integrado “un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública” y coordinado a través de terceros la gestión de contratos en la UNGRD y el Invías con el objetivo de asegurar mayorías legislativas para aprobar proyectos de ley y operaciones de crédito público.
La magistrada enfatizó que las acciones imputadas no se limitan a actos administrativos aislados. “Se trata de un conjunto sistemático, reiterado y funcionalmente articulado de comportamientos desplegados en el tiempo, que permiten inferir razonablemente la existencia de un acuerdo previo, consciente y estable, orientado a la comisión de delitos contra la administración pública”, señaló.
Con esta decisión, el Tribunal busca garantizar la efectividad del proceso judicial y evitar que los exministros puedan influir en la investigación o alterar el curso del caso. La medida refuerza la línea de investigación de la Fiscalía sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD, un caso que ha puesto bajo la lupa la gestión de recursos públicos en el Gobierno Nacional y que continúa generando un fuerte impacto político y judicial en el país.
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