En una carta pública sin precedentes, 38 exmagistrados y reconocidos juristas del país concluyeron que el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos constituye un “burdo montaje” y una “campaña de descrédito” cohonestada por sectores de la Fiscalía. El documento, divulgado a menos de diez días del fallo definitivo en el caso, advierte sobre el grave deterioro institucional y el uso político del sistema judicial en Colombia.
“No hay pruebas para condenarlo”, sentencian los firmantes, tras analizar durante siete años las audiencias, peritajes y testimonios que han marcado uno de los procesos más polémicos en la historia reciente del país.
Panorama general: Los juristas enmarcan el caso de Uribe en lo que denominan “lawfare” o guerra jurídica: el uso indebido de herramientas legales para perseguir, silenciar y deslegitimar a adversarios políticos. Según el documento, esta práctica ha encontrado terreno fértil en Colombia, alimentada por la polarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia.
“El proceso contra Uribe se construyó sobre la base de testimonios contradictorios y carentes de credibilidad, como los de Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, ambos con antecedentes penales”, señala la carta. Añaden que la Fiscalía incurrió en irregularidades procesales graves, incluyendo la interceptación ilegal de comunicaciones entre el expresidente y sus abogados, y la filtración de pruebas reservadas a los medios con el objetivo de influir en la opinión pública.
38 juristas cuestionan el caso Uribe y advierten politización del sistema judicial colombiano
Por qué es importante: Los juristas califican la actuación de la Fiscalía como una operación judicial “motivada políticamente”, que buscó desacreditar al exmandatario y limitar su participación en la vida política nacional. “Se desconocieron garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, afectando su presunción de inocencia y sus derechos fundamentales”, afirmaron.
Además, alertaron que este tipo de prácticas —como los “juicios mediáticos” y las “condenas por la prensa”— representan una amenaza directa a la independencia judicial, pilar esencial del Estado de derecho. “Este proceso es un reflejo de cómo la justicia se ha instrumentalizado para fines políticos, erosionando la legitimidad institucional y dividiendo aún más al país”, puntualiza el pronunciamiento.
El pronunciamiento concluye con un llamado urgente a las altas cortes, a la sociedad civil y a los poderes del Estado a garantizar un sistema judicial robusto, imparcial e independiente. Los firmantes expresan su confianza en que los jueces que deberán emitir el fallo lo hagan con estricto apego al derecho y libres de cualquier presión política o mediática.
“La lucha contra el lawfare es una prioridad para salvaguardar nuestra democracia. Uribe merece un juicio justo, no una condena construida sobre el descrédito y la manipulación”, concluyen.
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