Las personas no comprenden, y probablemente no comprenderán, de la justicia colombiana. Y lo diremos tácitamente, aunque de manera muy clara: cada proceso judicial es distinto, cada actuación tiene sus particularidades, y por eso no es conveniente, ni correcto, comparar superficialmente unos con otros.
Sin embargo, la mayoría de la población en Colombia tiende a hacer ese tipo de analogías y ya ha comenzado a cuestionarse, o lo hará pronto, por qué el expresidente Álvaro Uribe, a quien hasta hoy no se le ha comprobado ningún delito relacionado con terrorismo, secuestro, extorsión, asesinato o narcotráfico, sigue vinculado a procesos judiciales.
Uribe no ha arrebatado la vida ni la paz a ninguna persona, no ha hecho estallar edificios llenos de civiles, ni ha sido señalado por enviar cargamentos de cocaína a Estados Unidos o a otros destinos. A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, muchas de ellas nunca han sido siquiera llevadas a juicio, y otras no han sido sustentadas con pruebas concluyentes.
Frente a esto, la ciudadanía mira al otro lado del espectro: los antiguos miembros del secretariado de las FARC. A muchos de ellos se les comprobaron delitos graves como los ya mencionados, e incluso otros más, como crímenes contra menores, pero hoy están en libertad. Y, además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le ha costado al país más de 3 billones de pesos en siete años, aún no ha emitido un solo fallo. Eso sí, sus magistrados y funcionarios no parecen tener prisa: gozan de sueldos elevados, escoltas, camionetas, reconocimiento mediático y múltiples prebendas. En consecuencia, tampoco se percibe urgencia en su actuar.
Y aunque el objetivo no sea comparar directamente ambos escenarios, lo cierto es que el ciudadano del común sí lo hará. Se preguntará por qué aquel hombre que combatió con dureza a las guerrillas del ELN, las FARC y los grupos paramilitares,estos últimos, hoy irónicamente cercanos al gobierno que se presentaba como su principal opositor, se enfrenta a procesos judiciales, mientras tantos criminales de guerra caminan libres. Es importante recordar, además, que muchos de los exjefes paramilitares fueron efectivamente condenados durante el gobierno de Uribe.
La justicia colombiana ha dejado, desde hace años, un prontuario de decisiones desconcertantes, ilógicas y difíciles de entender, incluso para observadores internacionales. La gente ve cómo, a diario, un delincuente que apuñala a alguien por robarle un celular queda en libertad porque, según el juez, es su primer delito, no tiene antecedentes, el delito es excarcelable, no hay cupo en las cárceles, hubo un error en el procedimiento de captura o no existe denuncia formal, aunque haya un video donde claramente se le ve cometiendo el crimen. Y como la víctima está muerta, no puede denunciar.
Este tipo de casos, que parecen elementales, ocurren con frecuencia. La impunidad supera el 70%. Los delincuentes reincidentes, con prontuarios extensos, siguen operando con total libertad, burlando a las autoridades. Basta recordar lo ocurrido hace un año en el nordeste antioqueño, cuando un pelotón del Ejército interceptó a un grupo armado ilegal liderado por alias “Calarcá”, que participaba en diálogos con el Gobierno. A pesar de estar plenamente identificados, fueron liberados por orden directa de altos funcionarios en Bogotá. Semanas después, algunos de esos mismos hombres participaron en masacres contra policías, soldados y civiles.
Para concluir, la justicia colombiana debería reflexionar seriamente sobre esa frase que suele repetirse en otros contextos, pero que aquí cobra un valor profundo: no basta con ser justa, también hay que parecerlo. Hoy, la justicia en Colombia tiene una imagen muy deteriorada ante la opinión pública. Si continúa en esta línea, su legitimidad se verá aún más comprometida. Porque para millones de ciudadanos es inconcebible que quienes han causado tanto dolor a viudas, huérfanos, mutilaciones, desplazamientos estén hoy en libertad y, peor aún, pretendan dictar cátedra sobre ética, moral y principios.
La justicia colombiana necesita una reforma profunda. Pero esa transformación ha sido históricamente bloqueada desde dentro. Si las cosas siguen así, el país corre el riesgo de caer en una anarquía judicial y una crisis de confianza institucional que será muy difícil de revertir.
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