Una problemática social, que si no se atiende a tiempo podría escalar a nuevas dimensiones, desatando mayores conflictos y echando al traste la anunciada reforma agraria. Este es uno de los grandes retos del ejecutivo: lograr la justicia social en el campo.
Por: José David Name Cardozo – @JoseDavidName
El férreo mensaje enviado por el presidente Gustavo Petro a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), urgiendo al gremio a cumplir el acuerdo de la compra de tierras, enrareció el, hasta ahora, buen ambiente que venía mostrando la histórica alianza que se firmó el año pasado, marcando el inicio del cumplimiento de la creación del marco normativo adicional para la consolidación del primer punto del Acuerdo Final de Paz: la Reforma Rural Integral.
Como lo han mencionado representantes del gobierno y el mismo presidente en múltiples oportunidades, esta es una de las más importantes reformas para el ejecutivo. Con una meta ambiciosa de distribución de 10 millones de hectáreas, de las cuales 7 millones corresponderían a la formalización de títulos de propiedad y los 3 millones restantes a la asignación de nuevas tierras, la duda reiterativa es: ¿Cuál será la fuente de financiación para la compra de tierras?
En medio de la discusión, el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, desestimó la idea planteada inicialmente por el presidente Petro de financiar las compras con Títulos de Deuda pública (TES), asegurando que no está autorizado comprar tierras con TES. Aunque todavía no está claro de dónde saldrá el total de la inversión que se requiere para cumplirle a las familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes, que esperan por su tierra propia, el gobierno empieza a avanzar en el programa.
A pesar de la disposición y buena voluntad anunciadas por el ejecutivo y Fedegan, los desencuentros no se han hecho esperar. El llamado de atención del presidente, la respuesta del gremio y las discrepancias en las cifras, dejan entrever la falta de comunicación que se está presentando en la ejecución de un proyecto que debería estar engranado para cumplir con éxito su propósito.
Por un lado, Fedegan afirma que ha tramitado 303.964 hectáreas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales se encuentran en los procesos de calificación de factibilidad en esa entidad, además de las 349 ofertas que directamente han realizado otros ganaderos, que sumadas alcanzaría las 400.000 hectáreas. Desde la otra orilla, el Ministerio de Agricultura asegura que Fedegan ha ofertado 370 predios que suman 275.542 hectáreas para su compraventa directa. Lo cierto es que todavía no se cierra ninguna compra por las dificultades en los procesos de revisión.
De las 247.000 hectáreas revisadas, solo 54.149 hectáreas (correspondientes al 21,92% de las tierras ofertadas) han pasado los filtros, según cifras del Minagricultura. Ante la enorme deuda que tiene el Estado con las comunidades que por generaciones no han podido acceder a una tierra productiva, es determinante que las voluntades del gobierno y el gremio se mantengan sintonizadas, de tal forma que se agilicen los procesos para la adquisición de nuevas hectáreas.
Urge avanzar, de manera organizada, legal y justa, en la entrega y distribución de tierras, para así atajar el vertiginoso aumento de las invasiones de predios que se está presentando en distintas regiones del país. Una problemática social, que si no se atiende a tiempo podría escalar a nuevas dimensiones, desatando mayores conflictos y echando al traste la anunciada reforma agraria. Este es uno de los grandes retos del ejecutivo: lograr la justicia social en el campo.
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