En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó un balance detallado de su desempeño financiero durante la vigencia 2025. La entidad salió al paso de las recientes dudas sobre su capacidad de gasto, confirmando que el año pasado comprometió $6,187 billones, cifra que representa una ejecución de inversión del 99,5% respecto al presupuesto total asignado de $6,215 billones.
A pesar de que el indicador de pagos efectivos al cierre de diciembre se situó en un 21,2% ($1,318 billones), la ANI explicó que esta dinámica responde a la estructura técnica de los contratos de concesión y no a una falta de recursos o gestión.
Panorama general: Uno de los puntos clave del informe radica en la constitución de reservas por $4,839 billones, destinadas a cubrir las vigencias futuras de proyectos carreteros. Lejos de ser un capital estancado, la Agencia reveló que, con corte al primer trimestre de 2026, ya se ha desembolsado el 72% de esos recursos, equivalentes a $3,487 billones.
Frente a las especulaciones sobre posibles sobrecostos, la entidad fue enfática: «El hecho de que estos recursos no se hayan girado al cierre del año pasado no implica costos adicionales para el Estado, ya que no se generan intereses moratorios ni remuneratorios», aclaró la institución, subrayando que los pagos se programan bajo criterios de eficiencia y disponibilidad de caja (PAC).
ANI aclara cifras: Ejecución del 99,5% en 2025 y solidez en pagos por hitos
La ANI aprovechó para desmentir las versiones que sugerían una supuesta incapacidad de las empresas concesionarias para cubrir sus costos operativos y deudas bancarias debido a retrasos en los giros estatales.
La Agencia recordó que el modelo actual de contratación pública en infraestructura opera bajo el esquema de pago por hitos finalizados (Unidades Funcionales). Es decir, el contratista recibe la remuneración una vez la obra está terminada y verificada, y no durante su proceso de construcción.
Un ejemplo concreto de esta operatividad es el proyecto Buga–Buenaventura. Tras cumplirse un hito en marzo de este año, se activó un pago con cargo a las vigencias de 2025. Dichos fondos, según la ANI, ya fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda a un patrimonio autónomo y están en fase de verificación técnica previa al desembolso final.
Por qué es importante:El balance operativo entre 2024 y lo que va de 2026 arroja la entrega de 29 Unidades Funcionales en 15 proyectos distintos, todos operativos y con sus respectivos pagos al día.
No obstante, la entidad lamentó que el debate público a veces ignore los avances en otros modos de transporte. Durante 2025, la ejecución en proyectos férreos, portuarios, fluviales y aeroportuarios alcanzó el 95%, con una inversión de $194.000 millones.
Entre los hitos más recientes que marcan la hoja de ruta de la infraestructura nacional, la ANI destacó:
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La adjudicación del proyecto El Estanquillo–Popayán.
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La reactivación del sistema férreo con la primera APP del corredor La Dorada–Chiriguaná.
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La estructuración de nuevos corredores estratégicos.
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La próxima adjudicación de las iniciativas Bogotá–Belencito y el Corredor del Pacífico.
Con estas cifras, la Agencia busca reafirmar la solidez del sector y enviar un mensaje de confianza a los mercados financieros y a las empresas constructoras sobre la sostenibilidad del modelo de concesiones en el país.
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