Colombia se enfrenta a una paradoja en su desarrollo: mientras otros países de la región avanzan con firmeza y determinación, aquí el progreso parece tener que superar una larga lista de trabas, demoras y obstáculos.
Este fenómeno no es nuevo, y refleja una tendencia profundamente arraigada a frenar los proyectos que podrían transformar al país. Obras de infraestructura, iniciativas de movilidad, proyectos minero-energéticos y políticas clave en seguridad y justicia se encuentran atrapados en un círculo vicioso de dilataciones y oposición.
La aversión al progreso se ha convertido en una especie de «síndrome del autosabotaje» para Colombia. Mientras países vecinos como Panamá, Paraguay, Uruguay e incluso Argentina que intenta superar una gran crisis avanzan con los recursos que tienen a su disposición, en Colombia seguimos atrapados en discusiones interminables: si el metro de Bogotá debe ser elevado o subterráneo, si la minería es buena o mala, si el petróleo es verde o contaminante.
A muchos parecería incluso que les resulta cómodo vivir en un estado de eterna discusión y parálisis.
Esta semana, el Gobierno Nacional volvió a evidenciar esta contradicción. Por un lado, se anunció la intención de descentralizar el desarrollo en las regiones, una medida que aplaudimos y consideramos urgente. Pero, por otro lado, el mismo gobierno actúa como juez y parte al detener proyectos de exploración y desarrollo.
Esto incluye decisiones que afectan a la empresa Ecopetrol, y la salida de Bogotá hacia la sabana, así como obras fundamentales para garantizar la seguridad hídrica en la capital y en otras zonas del país.
Las políticas actuales muestran una peligrosa tendencia a imponer visiones e ideologías personales desde el poder, pasando por alto las necesidades y el bien común de la mayoría de los colombianos.
Este «palo en la rueda» no solo ralentiza el desarrollo sino que condena al país a un estancamiento crónico. Es urgente que los actores políticos comprendan que su mandato es efímero, pero sus decisiones tienen un impacto duradero en la vida de millones de ciudadanos.
Este editorial no pretende atacar a una u otra posición ideológica, sino cuestionar si es realmente sostenible esta conducta patológica de detener el avance por meras desavenencias políticas.
Colombia no puede continuar atrapada en un estado de estancamiento; el país necesita avanzar hacia consensos y objetivos comunes. La soberanía e independencia energética e hídrica, la protección de fronteras, una economía sana y en crecimiento, una justicia efectiva y una infraestructura moderna no son negociables.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI Bogotá y las grandes ciudades colombianas sigan enfrentando problemas en sus entradas y salidas, reflejo de la falta de voluntad para construir y mejorar.
El país necesita abrir sus puertas al progreso, desbloquear proyectos críticos y avanzar con decisión en sus grandes obras de infraestructura. La inacción y el obstruccionismo solo nos alejan de un futuro más próspero y equitativo.
