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    La CIDH desinforma

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    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un tribunal, sus miembros no son jueces y sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante. Cuando hace recomendaciones estas pueden o no ser aceptadas por los Estados.


    Por: Rafael Nieto Loaiza

    Su informe reciente tiene sesgo. Se basa fundamentalmente en información recibida por parte de oenegés que, en su inmensa mayoría, solo ven por el ojo izquierdo. No le da la misma veracidad a la información que le entrega el Estado colombiano o las víctimas del paro y los bloqueos. Finalmente, le dedica decenas de páginas a las denuncias de las oenegés y apenas unos pocos párrafos a la violencia de la que fueron objeto la fuerza pública y los ciudadanos que no participaron en las protestas.

    La Comisión, además, se excede en sus funciones al pedir que la Policía pase al Min Interior. Que la Policía se ubique en el MinDefensa no significa que esté subordinada a las FF.MM. o que su entrenamiento se haga con “perspectiva militar”. Nuestra policía es de naturaleza civil y su formación se hace en la lógica de los derechos humanos. Hoy, en todo caso, el desafío de la agresión combinada de terrorismo, narcotráfico y grupos armados ilegales exige que las FF.MM. y la Policía estén bajo la coordinación de un único ministerio.

    El informe es como mínimo ambiguo en relación con el uso de la fuerza por parte del Estado. No dudo de que pueda haber habido algunos casos de excesos. Pero tampoco de que en la mayoría de las manifestaciones no hubo necesidad de que la Policía participara, que cuando tuvo que hacerlo fue porque las manifestaciones derivaron en disturbios y vandalismo, y que esos casos de exceso en el uso de la fuerza son resultado de conductas individuales de algunos uniformados y no producto de fallas estructurales o de políticas institucionales.

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    Además, no sobra decirlo, probado como está que los policías han sido objeto de ataques sistemáticos en estas semanas, y que también lo fueron los ataques a la infraestructura pública y a bienes y ciudadanos, en todos los casos hay que verificar si el uso de la fuerza por parte de los uniformados fue necesario y proporcional antes de presumir que fue excesivo.

    Por último, el anuncio unilateral de que para el “seguimiento de las recomendaciones”, la CIDH instalará un “Mecanismo de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz” (sic) es un despropósito inaceptable que exige no solo un reclamo del Gobierno, sino que, de no tener respuesta correcta, ameritaría un replanteamiento formal de las relaciones con la Comisión.

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