Muchas preguntas se podrían hacer sobre lo acontecido el día sábado, empezando por cuestionar esa clase de permisos que se dan para movilizar a los principales jefes de las organizaciones delincuenciales y criminales que operan en Medellín, área metropolitana y Antioquia.
Entendiendo que son objetivos de alto valor, que son personas que representan un peligro inminente de fuga para organismos tan cuestionados como el IMPEP y más en un momento de grave inseguridad como lo está viviendo el país.
En este editorial procuraremos ser lo más objetivos con la situación y trataremos de entender incluso las posiciones de ambas partes.
Estas personas que se encuentran recluidas, es cierto, vienen desde hace un tiempo considerable alineadas supuestamente en un proceso de paz, la llamada paz urbana.
Un proceso de paz que tomó fuerza y forma con el gobierno de Gustavo Petro y que se venía hablando y prometiendo desde la pasada campaña presidencial. Eso no es un secreto para absolutamente nadie.
El presidente de la República, sin importar quién sea, tiene las facultades de adelantar procesos de paz, claro que sí, las tiene. Y quienes están condenados o quienes están procesados pueden hacer parte de procesos de paz, sí. También pueden hacer parte de procesos de paz.
Lo que pasa es que los procesos de paz, la mayoría de ellos que han fallado en Colombia, no solamente tienen que tener unas reglas, tienen que tener unas formas, unas maneras, unos límites, un marco legal en el cual se adelanten esos procesos de paz. Y con un ingrediente adicional, es que estas personas ya se encuentran privadas de la libertad.
No son personas que están en la clandestinidad operando y que el Estado necesita urgentemente apresarlas para que cese su actividad delincuencial.
Todo lo contrario, fueron capturados todos por operaciones de las Fuerzas Armadas colombianas en distintas clases de operativos y fueron puestos a buen recaudo de jueces y del sistema judicial colombiano que los encontraron culpables y muchos de ellos gozan de distintas condenas.
Entonces, es un proceso que es extraño, que es raro, que por eso despierta tantas dudas y despierta más el asombro y la indignación. Porque estas personas, a pesar de que están presas, hoy siguen controlando y mandando en muchísimos barrios o comunas o incluso municipios del departamento antioqueño.
Tienen un fuerte control y ahí uno entendería quizás la decisión del presidente Gustavo Petro de llamarlos, de hablar con ellos, y en Tarima, hay que decirlo, les pidió directamente que cesaran sus actos delictivos.
Como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, lo ha dicho en reiteradas ocasiones; quizás el mayor delito que hoy cometen estas personas y que es el que mayor impacto tiene en la vida de las personas del común, es el de la extorsión.
Que es ese flagelo silencioso que va desangrando las finanzas desde pequeñas familias, en sentido económico, familias muy pobres, hasta pequeños comerciantes, hasta medianos y grandes empresarios.
Dio la impresión en el discurso del presidente Gustavo Petro que, producto de estos diálogos con estas personas que han actuado al margen de la ley, es que la criminalidad de Medellín ha bajado y por eso les pidió seguir menguando su accionar.
Uno de los interrogantes que nace en medio de todo esto es: ¿Qué es lo que quiere el presidente Gustavo Petro con estos líderes de estas bandas? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo se va a medir el éxito de los diálogos o del proceso que ellos dicen estar adelantando? ¿Cómo el país Antioquia y Medellín podrán confirmarlo?
Ya desde la parte moral y social, esta situación, insistimos, pues dejó en un contrasentido, en una incoherencia muy grande al presidente Gustavo Petro, porque es uno de los políticos que más fuertemente se ha expresado contra las figuras de criminalidad, paramilitarismo, bandidaje, exceptuando a las guerrillas, y los que estaban en la tarima el sábado no eran precisamente guerrillas.
Atacaron los mayores detractores de Federico Gutiérrez en lo político a este alcalde por ser supuestamente aliado de la oficina de Envigado, pero vemos que los exmiembros de la oficina están atacando a Federico Gutiérrez y en ocasiones pasadas el alcalde ha denunciado planes criminales para asesinarlo por parte de esta organización.
Entonces, no se entiende cómo la oficina de Envigado parece hoy estar de aliado, supuestamente el presidente y no el alcalde, que era el que tenía las alianzas con ellos.
Segundo, nosotros nos sumamos al llamado al sentido común a estos personajes y es decirles, si ustedes quieren efectivamente hacer la paz y traer la paz a Medellín y a Antioquia, demuéstrenlo con acciones en las áreas de influencia, en donde todos saben que ustedes tienen poder.
Con uno de los crímenes más atroces que es la extorsión, que sabemos que es la principal fuente de rentas criminales para ustedes, pero eso no puede significar que entonces, si baja la extorsión, aumente el fleteo.
Díganle a Medellín y Antioquia que ha sido una región tan absurda, golpeada por todos los fenómenos de la criminalidad, por absolutamente todos, cuál es el compromiso de ustedes, qué es lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que ustedes buscan.
Porque también es cierto que, si sus pretensiones de paz son reales, ni más faltaba. Quienes sustentan hoy ciertos poderes están en la obligación, si se quiere, de escucharlos, de atenderlos y de revisar algunos acuerdos en común para lograr una anhelada paz que es tan esquiva para lugares como Antioquia.
Pero de lo contrario será muy difícil que se les entienda cuál es el propósito de su paz urbana, porque hoy esa paz urbana seguramente ustedes la pueden tener muy clara en donde se encuentran reunidos. Pero lo cierto es que el departamento en Medellín y el país tampoco lo tienen claro.
Hablaba el presidente Petro de que iba a abrir la paz urbana en Barranquilla y falta un año para que se acabe su mandato. Parece que no se da cuenta de que ya se le ganó el tiempo. Entonces, ¿cómo van a hacer estos jefes criminales para, una vez se vaya Petro, pues continuar con este proceso?
Eventualmente, sí es del interés de los medellinenses, de los antioqueños y de la sociedad en general.
Rechazamos la forma en que se presentó esta situación; creemos que no fue conveniente, entendiendo, insistimos, todo lo que han causado y de lo que han sido responsables estas personas. No era la forma, no era la manera, no era el momento, menos para los mensajes que se enviaron desde esa tarima. Menos por el mensaje que dejan.
Es un mensaje confuso, es un mensaje más negativo que positivo. Pero a pesar de todo eso, sin que eso sea grave, después de lo primero que mencionamos, hay que decir que si hay un intento real de paz, adelante.
Hagámoslo, que se haga, pero que se haga de la mano de las autoridades autorizadas, de la mano de verdaderos marcos de diálogos de paz y no de actos politiqueros.
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