La crisis en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) no es un fenómeno reciente, sino una tragedia de largo aliento que ha tenido como única respuesta por parte del gobierno actual un cambio de nombre. El cambio de «Fuerza Aérea» por «Fuerza Aeroespacial» no es más que un disfraz grandilocuente, vacío de contenido y coherencia. La realidad es que la Fuerza Aérea no tiene ni recursos ni aeronaves para cumplir con su misión. Es un gobierno que, en lugar de ofrecer soluciones reales, opta por una apariencia engañosa que no resuelve la gravísima crisis interna que atraviesa la FAC.
Esta crisis tiene raíces profundas y se ha visto exacerbada por una serie de malas decisiones. Muchos en el gobierno han recurrido a excusas externas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, para justificar la falta de mantenimiento a los helicópteros MI de fabricación rusa. Este argumento, carente de lógica y fundamento, es una manifestación más de la falta de planeación y la ineficiencia en la gestión de recursos.
La relación con Estados Unidos también ha tenido un impacto negativo, ya que la cooperación se ha debilitado en los últimos años, lo que ha dejado a la Fuerza Aérea aún más vulnerable. Sin embargo, culpar exclusivamente a la administración de Donald Trump por este retroceso es una falacia. Colombia debe tomar responsabilidad por su propia defensa y no depender de terceros para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
El Ministro de Defensa, el Presidente de la República y los generales tienen una responsabilidad constitucional y moral frente al bienestar del país y la protección de sus ciudadanos. Si las fuerzas armadas no tienen los recursos necesarios para operar con eficacia, ¿cómo es posible que no se denuncie públicamente esta situación? El silencio y la inacción solo perpetúan un escenario de debilitamiento institucional que favorece a los enemigos de Colombia.
En la actualidad, los aviones de combate de la FAC se encuentran en un estado crítico. De los 18 aviones Kfir de la FAC, solo dos están en servicio, y su capacidad operativa está limitada. Además, muchos de los 12 helicópteros MI rusos, fundamentales para el transporte y las operaciones en áreas remotas, no pueden volar debido a la falta de repuestos y mantenimiento. Las aeronaves de la FAC están tan deterioradas que, a menudo, las misiones de la Fuerza Aérea se ven comprometidas.
El gobierno de Gustavo Petro ha anunciado la compra de nuevos aviones de combate, pero estos aún no se han concretado, lo que mantiene a la FAC en una posición vulnerable frente a posibles amenazas. En paralelo, la aerolínea estatal Satena, encargada de conectar regiones apartadas, ha visto reforzada su flota solo con algunos Twin Otters, que no son adecuados para cubrir todas las rutas necesarias.
Por si fuera poco, los helicópteros de la FAC están en condiciones deplorables. Alrededor del 30% de la flota de helicópteros no está en servicio debido a la falta de repuestos, y varios han sufrido accidentes por fallas mecánicas. Un ejemplo claro de esta crisis es el helicóptero de la FAC que se estrelló en Cúcuta, lo que resultó en la muerte de un miembro del ejército, destacando la grave negligencia en el mantenimiento de la flota.
La crisis de la Fuerza Aérea es aún más alarmante cuando se observa que la infraestructura de seguridad en el país se encuentra en un estado crítico. Las fuerzas armadas no están en condiciones de enfrentar la mayor amenaza criminal que Colombia ha conocido en las últimas dos décadas: las disidencias de las FARC y el ELN. La incapacidad de operar de manera efectiva está permitiendo que el territorio colombiano sea tomado por grupos armados ilegales, lo que pone en riesgo la soberanía nacional.
El gasto en aeronaves privadas, debido a la falta de capacidad operativa propia, es exorbitante. En lo que va de este año, el gobierno ha contratado helicópteros privados para suplir la falta de aeronaves propias. Cada hora de vuelo con helicópteros privados tiene un costo de 41 millones de pesos, lo que está generando un gasto mensual de 2.500 millones de pesos, y se prevé que en los próximos cuatro meses se destinen 11.800 millones de pesos para este concepto. Este dinero podría haberse invertido en la mejora de la infraestructura educativa, en la ampliación de comedores escolares o en la restauración de edificios emblemáticos.
El gasto en renta de helicópteros privados también ha sido cuestionado, pues no solo es un despilfarro de recursos, sino que también pone en evidencia la ineficiencia en la gestión pública. Este gasto es aún más grave cuando se considera que los recursos para la defensa son limitados y la seguridad de los colombianos se ve afectada por la falta de acción efectiva por parte del gobierno.
La situación no es mejor para la Policía Nacional, que también enfrenta una crisis en su flota de helicópteros. De los 64 helicópteros Black Hawk con los que cuenta la Policía, 18 se encuentran fuera de servicio, y este problema se ha visto agravado por las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. La falta de repuestos y la escasez de mantenimiento adecuado han dejado a la policía sin los recursos necesarios para enfrentar los desafíos de seguridad interna.
La crisis de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional es una evidencia clara de la falta de una política seria en defensa nacional. La administración de Gustavo Petro no ha logrado proporcionar las soluciones necesarias para enfrentar los desafíos que presenta el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad del país. Mientras tanto, los recursos destinados a la defensa se malgastan en contratos innecesarios, y las autoridades permanecen en silencio, sin asumir su responsabilidad.
Es urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y garantice que la Fuerza Aérea y la Policía Nacional tengan los recursos necesarios para proteger la soberanía del país y la seguridad de todos los ciudadanos. Los colombianos merecemos una respuesta inmediata y efectiva, pues la crisis de la defensa no puede seguir siendo ignorada.