EDITORIAL
Con el reciente fallecimiento del reggaetonero y youtuber Legarda, se abre nuevamente un debate sobre el uso o no de armas legales por parte de civiles. El hecho no favorece a la reciente tendencia de que los civiles puedan defenderse.
El escolta de la víctima del fleteo confirmó que disparó ocho de los doce cartuchos que tenía su proveedor, al tratar de evitar un robo del cual iba a ser víctimas en la calle 7 sur en el barrio El Poblado de Medellín.
En uno de los tantos trancones que la comuna 14 tiene, los cuales los delincuentes aprovechan para atracar así como ha sucedido en otros sectores de la ciudad, todo desencadena en este fatal desenlace para el cantante Legarda.
Uno de los bandidos termina en el piso retorciéndose y luego muriendo producto de las balas del escolta; el otro criminal alcanza a escapar herido pero luego es capturado y se está recuperando en una clínica de la ciudad de Medellin.
La Fiscalía ha establecido una mesa conjunta para dar el mejor diagnóstico y saber cuál es la situación del escolta, y ojalá no se olvide la situación del bandido herido, pues seguramente va a terminar pagando menos años de cárcel o ni pagando ni un día mientras el escolta sí está más expuesto a ese proceso.
El escolta no tuvo ninguna intención de matar a Fabio Legarda, sino de defender a su protegido, pues evidentemente es difícil identificar cuándo se trata de un atraco o de un asesinato.
Así como le sucedió a este grupo de personas que se movilizaba en este vehículo, le puede pasar a cualquier persona que tenga protección oficial o privada ante un intento de fleteo, solo que en este caso la situación se torna más tenue y horripilante por el contexto y los protagonistas como tal, pero si a un comandante de Policía en Medellín o en cualquier lugar de Colombia le intentan asesinarle pues sus escoltas reaccionarán, igualmente sucedería con un congresista.
Realmente el debate no se puede desviar más allá del grave problema de seguridad que padecen todas las ciudades de Colombia hace más de 15 años, y es que ese flagelo no se ha reducido porque nunca se ha atacado la raíz del problema y este está más que sobre diagnosticado. En este medio de comunicación se ha tratado ampliamente, hasta el cansancio, que los delincuentes tienen absolutamente todas las garantías para ir a atracar a mano armada a cualquier persona que se les atraviese, saben que las personas no tiene cómo defenderse y saben que si la víctima los ataca puede terminar en la cárcel y ellos no.
Este debate de portar armas o no, demuestra que el Estado ha tenido incapacidad para legislar con penas más duras, en la iniciativa de construir más cárceles y en demostrar que el delinquir no paga, y en la misma protección de los ciudadanos. Los mismos policías están desprotegidos, no pueden reaccionar contundentemente ante un ladrón porque ellos son los que terminan con más problemas que el mismo delincuente.
En ese sentido, en varias zonas del país las personas se han visto desprotegidas y han manifestado la necesidad de portar armas. No es tener un mercado de armas como en Estados Unidos, que es flexible, sino de tener una venta de armas a personas que presenten varios exámenes psicológicos, de puntería, de reacción, entre otros, que les permita defender sus pertenencias, como le pasa a los ganaderos en partes lejanas del país.
Dar este debate en Bogotá en una sala fría o en una cabina de un medio de comunicación en la Séptima, es sumamente fácil, mientras que los departamentos se terminan de perjudicar con la situación de inseguridad del país. Lo ideal sería que ningún ciudadano tuviese que portar armas, en eso coincidimos, pero la situación de Colombia realmente no lo permite porque tenemos una cantidad de balas perdidas que han acabado con la vida de las personas pero que en el 90 % de los casos vienen de armas ilegales, que la mayoría de las armas que se decomisan en las calles son ilegales, y que fuera de eso todos los que han cometido delitos de fleteo, sicariato o extorsión, están quedando fuera de las cárceles porque no hay cupo, o con un brazalete y delinquiendo.
Se debe legislar sobre esto. El presidente de la República tiene que poner orden en la casa si no quiere que este tipo de hechos siga sucediendo.